Agentes del CTI Fiscalía habrían realizado inspección en Colpensiones por presunto caso de corrupción

Jaime Dussán, actual presidente de Colpensiones, desde 2024 está siendo objeto de investigaciones por parte de la Procuraduría General de la Nación, por presuntamente apropiarse de dineros públicos y por posible favorecimiento de contratos en el fondo de pensiones, entre otras irregularidades.

Ahora, de acuerdo a información suministrada por el periodista Ricardo Ospina, de Blu Radio, se conoció que agentes del CTI de la Fiscalía General de la Nación estarían adelantando una inspección en la sede de Colpensiones.

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Esta diligencia, al parecer, estaría asociada con las investigaciones que está realizando la Unidad Anticorrupción en contra de Dussán, ya que los posibles actos de corrupción que se denuncian incluyen manipulación en la contratación, sobrecostos, pérdida de recursos, tráfico de influencias, entre otras.

A pocos meses de la entrada en vigor de la reforma pensional y un mayor rol de Colpensiones, su presidente, Jaime Dussán, enfrenta una investigación formal por parte de la Procuraduría General de la Nación.

Las acusaciones en su contra incluyen presunta apropiación indebida de recursos públicos, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y favorecimiento a funcionarios cercanos.

La denuncia que dio origen al proceso fue presentada —y posteriormente retirada— por Carlos Enrique Ribero Rueda, presidente del Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Sector Financiero (Sintrasecfin).

En la comunicación inicial, Ribero señalaba a Dussán de múltiples delitos, entre ellos la “celebración indebida de contratos, tráfico de influencias y violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades”.

No obstante, poco después, Ribero envió otra carta a la Procuraduría afirmando que fue víctima de suplantación y pidió que se desestimara la denuncia. A pesar de ello, el ente de control decidió continuar con la investigación, utilizando la información contenida en la denuncia inicial.

Según reveló el medio Cambio, el documento contenía detalles sobre supuestos sobrecostos en contratos, aumentos injustificados en el patrimonio de Dussán y nombres de otros funcionarios involucrados.

Entre ellos, se mencionan a Luis Alfredo Chaparro, vicepresidente de Planeación y TIC, y Wilson Eduardo Pineda, quien presuntamente ocupa tres cargos dentro de Colpensiones. La denuncia sostiene que ambos habrían sido beneficiarios directos de su cercanía con Dussán, apoderándose de cinco cargos distintos y sus respectivos salarios.

Uno de los contratos más cuestionados es el del contact center de Colpensiones, por un valor de 65.000 millones de pesos, el cual —según la senadora Paloma Valencia— habría tenido un sobrecosto del 151%.

“Paloma Valencia puso al descubierto sobrecostos en Colpensiones entre otros con el contact center y conectividad de la entidad”, señaló la congresista en sus redes sociales.

El mismo documento menciona un presunto incremento patrimonial de Dussán, relacionado con la supuesta compra de una parte del restaurante El Butcher, ubicado en la zona G de Bogotá, así como la liquidación de deudas bancarias con el Banco de Bogotá e Itaú desde que asumió su cargo.

Adicionalmente, se denuncian irregularidades en contrataciones que habrían eludido procesos de selección pública, con un presunto sobrecosto acumulado de más de 226.000 millones de pesos.

También se advierte un posible detrimento por más de 2.500 millones de pesos en indemnizaciones tras despidos masivos que habrían sido injustificados.

La Corte Constitucional encendió las alarmas sobre posibles actos de corrupción relacionados con la aprobación de la reforma pensional impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

La advertencia surgió en medio del estudio de una demanda de inconstitucionalidad contra dicha reforma, que fue aprobada por el Congreso y que ahora está bajo la lupa del máximo tribunal constitucional.

El presidente de la Corte, Jorge Enrique Ibáñez, emitió un auto en el que solicita información clave a diversas entidades judiciales y fiscales del país para esclarecer si hubo conductas delictivas vinculadas directamente al trámite legislativo de la reforma.

Según el documento, citado por Valora Analitik, la solicitud de pruebas obedece a que ciertas informaciones “se conocieron después de haberse decretado y practicado pruebas en este proceso”, y por ello “ante su gravedad y trascendencia, considera que es de la mayor importancia y pertinencia que la Sala Plena de la Corte cuente (…) con la información veraz y fidedigna conocida hasta ahora por las autoridades”.

Ibáñez pidió copias de las declaraciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla Álvarez, exdirector y subdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), señalados como figuras clave en el escándalo de presunta corrupción que ya salpica a varios congresistas y altos funcionarios del Ejecutivo.