Grave denuncia en la Corte Suprema de Justicia: magistrados advirtieron que decisión contra Iván Name y Andrés Calle se habría basado en pruebas ilegales

Una tormenta institucional se desató al interior de la Corte Suprema de Justicia tras la decisión de ordenar la captura de los congresistas Iván Name y Andrés Calle, ambos expresidentes del Senado y la Cámara, respectivamente.

Aunque el fallo fue aprobado por mayoría en la Sala de Instrucción, los magistrados Héctor Javier Alarcón y Cristina Lombana alzaron la voz para denunciar irregularidades de fondo y forma en el proceso, que podrían minar la legitimidad de la medida.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El 7 de mayo, el alto tribunal determinó, con una votación ajustada de cuatro votos a favor y dos en contra, que era procedente dictar medida de aseguramiento en contra de Name y Calle por su presunta participación en el entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

La investigación se centra en el supuesto trueque de apoyos legislativos a cambio de dinero por parte de altos funcionarios del Congreso, en beneficio del Gobierno.

Uno de los puntos más graves revelados en las últimas horas tiene que ver con una denuncia del magistrado Héctor Javier Alarcón, que alertó sobre modificaciones sustanciales realizadas al texto final de la ponencia, sin que estas fueran socializadas ni sometidas nuevamente a votación, como lo exige el protocolo judicial.

“Se eliminaron y añadieron apartes cruciales que impactaron directamente mis objeciones expuestas durante la discusión”, manifestó Alarcón en su salvamento de voto, conocido por Blu Radio. Según explicó, los cambios se produjeron entre el 6 y 7 de mayo, luego de las sesiones extraordinarias en las que se discutió la ponencia original.

Alarcón fue más allá al indicar que las modificaciones no solo contravinieron la metodología deliberativa de la Corte, sino que constituyen una afrenta personal contra su postura disidente: “Tal hecho resultaría ser tanto como una afrenta personal en la que, así lo percibo, se trata de atacar y aminorar argumentativamente la postura exteriorizada a través de mi intervención disidente individual”, escribió el magistrado.

Además, criticó que el delito imputado, cohecho impropio, no se ajusta con rigor a los hechos investigados. A su juicio, el comportamiento de los congresistas podría encajar mejor en la figura de cohecho propio, dado que habrían actuado directamente en contra de sus deberes funcionales al comprometer la actividad legislativa por beneficios personales.

Alarcón también señaló errores de interpretación legal, como la aplicación indebida del artículo 68A del Código Penal, utilizado para negar otras medidas alternativas a la detención. Este artículo, recordó, solo aplica en etapas posteriores a una condena y no en decisiones preliminares como las que se tomaron en este caso.

La magistrada Cristina Lombana, que también salvó su voto, denunció que parte fundamental del material probatorio presentado por la Fiscalía —como los testimonios de los exfuncionarios de la Ungrd, Olmedo López y Sneyder Pinilla— fue recabado de manera irregular. En particular, cuestionó las condiciones bajo las cuales se acogieron al principio de oportunidad, advirtiendo que esto podría comprometer la legalidad de todo el proceso.

Lombana, además, fue un paso más allá y presentó una compulsa de copias ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes contra sus compañeros César Augusto Reyes y Misael Rodríguez. La denuncia, revelada por W Radio, se centra en una presunta extralimitación de funciones, específicamente por parte del magistrado Reyes, que según el abogado Oswaldo Medina, sostuvo una reunión previa con él en representación de la excongresista Sandra Ortiz, antes de que esta presentara un testimonio clave ante la Corte.

Durante la diligencia en la que se citó a Ortiz por los casos de los congresistas Julio Elías Chagui y Martha Peralta, Medina habría manifestado que el encuentro con Reyes buscaba garantizar que se certificara la colaboración de su clienta en el proceso del escándalo Ungrd. Lombana sugiere que, incluso, se habrían ofrecido beneficios judiciales a Ortiz por fuera de los canales legales, señalando que “los dos magistrados (...) habrían propuesto beneficios judiciales en los medios de comunicación a una persona que no depende de ellos”.

A pesar de la gravedad de los hechos que rodean el escándalo de corrupción en la Ungrd, los magistrados disidentes insisten en que el respeto al debido proceso no puede ceder ante la presión mediática o el interés político. “El respeto al debido proceso y la ponderación de derechos no pueden ser sacrificados por la presión del escándalo”, enfatizó el magistrado Alarcón en su escrito.