La Corte Constitucional rechazó la recusación presentada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) contra el magistrado y presidente del tribunal, Jorge Enrique Ibáñez Najar, que continuará como ponente en el análisis de la reforma pensional impulsada por el gobierno de Gustavo Petro.
Según informó la Corte, la solicitud carecía de fundamentos jurídicos suficientes para apartar al magistrado del caso, a pesar de los señalamientos de un supuesto preconcepto sobre el sistema de pensiones.
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De acuerdo con la providencia oficial, la recusación fue presentada por el presidente de la CUT, Fabio Arias, y por Elson Rafael Rodríguez Beltrán, que argumentaron que unas declaraciones de Ibáñez en una entrevista con La W Radio, en las que afirmó que “mientras viva no voy a solicitar una pensión”, evidenciaban una postura sesgada frente al tema.
Sin embargo, la Sala Plena concluyó que estas afirmaciones no constituían una opinión concreta ni específica que comprometiera su imparcialidad en el control de constitucionalidad de la norma.
El documento emitido por la Corte señala que las expresiones del magistrado no implican una orientación definida respecto a los cargos de inconstitucionalidad presentados en la demanda.
Además, se reiteró que no todas las declaraciones de los magistrados pueden ser consideradas causales de recusación, salvo que estas representen una opinión directa y comprobable sobre el asunto en discusión.
En este caso, la Sala Plena determinó que las acusaciones de Arias eran generales y no cumplían con los requisitos mínimos para ser admitidas.
Otro de los argumentos presentados por la CUT fue que Ibáñez podría tener un “interés directo” en la decisión debido a los cambios en el régimen pensional que propone la reforma.
Sin embargo, la Corte desestimó esta acusación al comprobar que el magistrado no ha hecho uso de la opción de traslado de régimen pensional, lo que descarta cualquier beneficio personal derivado de la norma. En contraste, se recordó que la magistrada Diana Fajardo, que sí realizó dicho traslado, se declaró impedida para participar en el caso.
Así mismo, la Sala Plena rechazó el tercer cargo presentado por Arias, que señalaba un supuesto “interés moral” del magistrado en la decisión debido a su posición personal sobre las pensiones. Según el tribunal, esta acusación no trasciende más allá de una percepción subjetiva del presidente de la CUT y no demuestra una postura de rechazo al sistema pensional ni una intención de influir en la eliminación de los subsidios contemplados en la ley.
Del mismo modo, la Corte Constitucional confirmó que la participación de Ibáñez en el estudio de constitucionalidad de la norma es definitiva, ya que contra esta decisión no cabe ningún recurso. “Contra esta providencia no procede recurso alguno”, fue la conclusión del Alto Tribunal.
En el desarrollo de este proceso, la Corte Constitucional está evaluando la Ley 2381 de 2024, que contiene la reforma pensional promovida por el Gobierno. La demanda de inconstitucionalidad fue presentada por la senadora Paloma Valencia, quien argumenta que durante el trámite legislativo se cometieron irregularidades, como la falta de debate en la Cámara de Representantes durante el cuarto debate, donde, según sus denuncias, el texto fue aprobado sin discusión.
El expediente D-15.989, que analiza la constitucionalidad de la reforma, se centra en los artículos 93 y 84, numeral 5, señalados en la demanda.
Aunque han surgido otras recusaciones contra Ibáñez y la Sala Plena en su conjunto, el tribunal reiteró que el proceso continuará sin interrupciones ni suspensiones. La decisión de rechazar la recusación contra Ibáñez es definitiva y no admite recurso alguno, lo que asegura su participación como ponente en el caso.
La reforma pensional es uno de los proyectos más relevantes del Gobierno de Gustavo Petro, ya que busca realizar cambios estructurales en el sistema de pensiones en Colombia.
La decisión de la Corte Constitucional sobre su constitucionalidad tendrá un impacto significativo tanto en el ámbito jurídico como en el político, dada la magnitud de las modificaciones propuestas y su repercusión en la población.
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