Judicializan a policías que torturaron a un hombre hasta ocasionar que le amputaran un brazo

Tres agentes de la Policía Nacional fueron enviados a prisión tras ser acusados de tortura, secuestro y falsedad en documentos, en un lamentable caso que terminó en la amputación del brazo de un ciudadano. Así lo informó la Fiscalía General de la Nación sobre los uniformados que habrían retenido de manera injustificada a la víctima y lo sometieron a agresiones físicas durante más de 12 horas, lo que derivó en lesiones graves que requirieron intervenciones quirúrgicas, como la de su bazo.

El brutal acto cometido por los servidores públicos ocurrió el 3 de marzo de 2024 en el municipio de Bolívar, en el departamento de Valle del Cauca, donde los agentes, identificados como el subintendente William Andrés Rayo Jiménez y los patrulleros Gilmar Steven Portocarrero Mosquera y Mayra Alejandra Toledo Hurtado, llevaron al ciudadano a la Estación de Policía.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Una vez allí, lo habrían reducido y agredido físicamente mientras se encontraba en estado de indefensión. Según el reporte oficial del ente acusador, los uniformados registraron información falsa en el libro de población de la estación, en la que indicaron que la víctima había salido del lugar en buenas condiciones, lo que fue desmentido posteriormente.

Del mismo modo, se indicó que los familiares del hombre tuvieron que trasladarlo al hospital debido a la gravedad de las lesiones. Posteriormente, fue remitido a cuidados intensivos, donde los médicos se vieron obligados a amputarle un brazo, lo que demuestra la gravedad de las agresiones físicas y evidenció el nivel de violencia al que fue sometido durante su detención.

Cabe mencionar que, los tres policías enfrentaban el proceso judicial en libertad, pero un juez de circuito resolvió favorablemente un recurso de apelación presentado por la Fiscalía, que solicitaba medidas más estrictas contra los acusados. Esto permitió que se emitieran órdenes de captura, que fueron ejecutadas en las ciudades de Palmira, Valle del Cauca, y Pasto, Nariño.

Así lo indica el reporte oficial, difundido por el diario El País: “La detención de los uniformados se da luego de que un juez de circuito resolviera favorablemente el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación en contra del fallo que le permitió a los procesados permanecer en libertad, a pesar de estar siendo investigados como posibles responsables de tortura, secuestro y falsedad ideológica en documento público”.

Según la información revelada por el ente investigador, la detención fue posible gracias al trabajo conjunto entre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Sijín, que estaban atentos a los movimientos de los señalados y trabajaron juntos en el operativo.

En cuanto al futuro de los imputados, se comunicó que deberán cumplir la medida de aseguramiento en la cárcel de la Policía que se encuentra ubicada en Facatativá, en el departamento de Cundinamarca.

Del mismo modo, la Fiscalía indicó que este caso demuestra la importancia de garantizar justicia en situaciones donde se vulneran los derechos humanos, especialmente cuando los presuntos responsables son funcionarios encargados de proteger a la ciudadanía, pues este aspecto fue uno de los que causó mayor indignación en la ciudadanía, teniendo en cuenta que los responsables eran policías en el ejercicio de su labor.

Y es que esta situación generó rechazo, debido a la gravedad de los hechos y al nivel de violencia ejercido contra la víctima, pues le causó lesiones de por vida, no solo a nivel físico, sino psicológico. Por esta razón, la Fiscalía continúa con las investigaciones para esclarecer completamente lo sucedido y determinar las responsabilidades penales de los implicados, así como confirmar o descartar si existen otras personas involucradas.