Incremento del 1.000% en reclutamiento de menores en los últimos cuatro años en Colombia, reseñó la publicación Foreign Affairs

El reclutamiento de menores de edad en Colombia sigue causando revuelo internacional, pues las cifras, que han empeorado, dan cuenta de una realidad que azota a varias regiones del país.

En un texto para Foreign Affairs, Elizabeth Dickinson retrató el crudo panorama que se vive en varias regiones. afectadas singularmente por la violencia.

Desde la firma del acuerdo de paz con las Farc en 2016, el panorama del conflicto armado colombiano ha cambiado.

Si bien ese grupo guerrillero se desmovilizó, surgieron nuevas estructuras armadas sin una agenda política clara, cuyo objetivo principal es el control territorial para gestionar economías ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de armas.

En este nuevo escenario, el reclutamiento de menores se ha convertido en una estrategia clave para sostener su presencia en distintos territorios del país.

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Según cifras oficiales, el número de niños y adolescentes reclutados entre 2021 y 2024 pasó de 36 a más de 450 casos reportados, lo que representa un incremento cercano al 1.000%.

No obstante, autoridades y organizaciones locales coinciden en que el subregistro es considerable, ya que muchas familias no denuncian por temor a represalias.

Datos recientes evidencian el impacto directo en menores: en enero de este año, de los 112 miembros del Frente 33 que se entregaron en la frontera con Venezuela, veinte eran menores de edad.

Ese mismo mes, un enfrentamiento entre dos grupos armados en Guaviare dejó cerca de 24 muertos, un tercio de los cuales eran menores.

El departamento del Cauca, ubicado en el suroccidente del país, se ha convertido en uno de los principales focos del problema.

Por sus condiciones geográficas y económicas —con alta presencia de cultivos ilícitos, rutas del narcotráfico y minería ilegal—, el Cauca concentra tres cuartas partes de los casos de reclutamiento registrados el último año.

Allí, los reclutadores utilizan diversas tácticas que van desde el engaño hasta el secuestro directo. Una vez captados, los menores son trasladados a regiones lejanas como el Amazonas, Guaviare o Arauca, donde son incorporados a las filas de grupos ilegales.

Las rutas del reclutamiento infantil también están siendo rastreadas por entidades estatales. La Defensoría del Pueblo ha empezado a trazar no solo los corredores del narcotráfico, sino también las rutas utilizadas para movilizar niños.

En mayo de 2024, por ejemplo, el Ejército detuvo un vehículo que transportaba a unos cuarenta menores desde el Cauca hacia Guaviare.

Entre mediados de 2023 y mediados de 2024, se recuperaron cerca de 75 menores en Arauca, la mayoría provenientes del Cauca, a más de 1.100 kilómetros de distancia.

El fenómeno afecta tanto a niños como a niñas. Mientras que a los varones se les ofrecen incentivos como dinero rápido, motocicletas y teléfonos celulares, a las niñas se les promete independencia, liderazgo y mejoras físicas, llegando incluso a ofrecerles cirugías estéticas.

En algunos casos, los reclutadores son miembros activos de grupos armados; en otros, actúan como intermediarios que venden a los menores al mejor postor. El valor de un niño puede oscilar entre 120 y 500 dólares, dependiendo de factores como el género y la apariencia, según reportes de líderes indígenas y fuentes militares.

Además del reclutamiento físico, las redes sociales juegan un papel creciente en la captación.

Plataformas como Tiktok están siendo utilizadas por los grupos armados para mostrar una imagen atractiva de la vida en sus filas, con videos que muestran fiestas, armas y vehículos de lujo.

Esta estrategia resulta especialmente efectiva cuando el contacto inicial es un amigo, un vecino o un compañero de escuela.

En respuesta, algunas instituciones educativas han intentado limitar el acceso de extraños a los colegios, lo que ha generado represalias: seis rectores del norte del Cauca recibieron amenazas de muerte en 2023 por estas medidas.

Las iniciativas estatales para prevenir el reclutamiento o reintegrar a los menores rescatados siguen siendo insuficientes.

Los programas de rehabilitación no siempre logran abordar los efectos del trauma, el estigma social y el riesgo de represalias que enfrentan estos niños. Organizaciones de la sociedad civil han intentado llenar ese vacío mediante espacios seguros y actividades extracurriculares, pero muchos de estos proyectos enfrentan recortes presupuestarios, especialmente tras la reducción del apoyo financiero internacional.

En este contexto, diversas voces coinciden en que se requieren medidas más contundentes desde el Estado colombiano y sus aliados internacionales. Entre las acciones prioritarias están el fortalecimiento de las oportunidades económicas y educativas para los jóvenes, la presión a los grupos armados en espacios de negociación para frenar el reclutamiento infantil, y el diseño de programas más efectivos de protección y reintegración.