A Irene Vélez tendrán que darle casi $100 millones por dejar el consulado en Londres para volver al país a ser directora de la Anla, reveló Andrés Forero: “¡Descaro!”

El 22 de abril, Irene Vélez, exministra de Minas, asumió como directora de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla).

Desde su nombramiento, la decisión desató polémica, principalmente entre sectores de la oposición. Previamente para ocupar ese puesto dejó de ser cónsul de Colombia en Londres.

Pero las críticas ahora han aumentado porque el representante a la Cámara Andrés Forero, del partido Centro Democrático, denunció que Irene Vélez no renunció a su cargo en el Consulado de Londres, sino que salió por retiro del servicio.

Según Forero, esta situación le permitió a Vélez acceder a beneficios económicos que ascendieron a 92 millones de pesos.

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Y es que, de acuerdo con el representante Andrés Forero, Irene Vélez no habría cumplido con el requisito legal de un año mínimo de servicio para ser elegible a beneficios económicos por traslado desde el exterior. Esta situación, según Forero, resultó en un desembolso de más de 90 millones de pesos, cubiertos con recursos públicos.

“Este gobierno es abusivo e indelicado. Tras su designación en @ANLA_Col, @IreneVelezT no renunció como debía al cargo que tuvo en Londres por menos de 1 año, sino que logró su “retiro del servicio”. Con esto hay que pagarle $92 M de repatriación con recursos públicos: ¡descaro!“, escribió por medio de su cuenta de X el legislador perteneciente a la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

En su publicación, Forero también dio a conocer documentación oficial que respalda su denuncia, incluyendo la respuesta a un derecho de petición donde se especifican los costos de repatriación, como el valor de los tiquetes y otros gastos asociados. Además, citó el Decreto 274 de 2000, que establece que los beneficios por traslado solo aplican si el funcionario no renuncia voluntariamente antes de cumplir un año en el cargo. Según Forero, Irene Vélez, quien ejerció como cónsul en Londres durante menos de un año, habría evitado esta restricción al no presentar una renuncia formal.

El nombramiento de Irene Vélez como directora de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) se oficializó el 21 de marzo de 2025, antes de su salida formal del Consulado de Londres, que ocurrió el 10 de abril. Andrés Forero, cuestionó que el decreto de retiro del servicio pudo haber sido utilizado como un mecanismo para eludir la restricción legal que impide acceder a beneficios económicos si el funcionario no completa al menos un año en el cargo.

Según la denuncia de Forero, los recursos públicos destinados a la repatriación de Vélez y su familia alcanzaron un total de 14.416 dólares y 9.881.954 pesos, además de tiquetes aéreos por 20.263.000 pesos. Los montos incluyeron viáticos y prima de instalación, beneficios que, según el congresista, no correspondían debido al tiempo limitado que desempeñó su función diplomática.

Pero esta no es la única controversia en la que se ha visto envuelta la exministra, pues la revista Cambio informó que una semana antes de su designación, el director encargado de la Anla cambió el manual de funciones, ampliando los perfiles académicos permitidos para algunos altos cargos.

Esta modificación habría permitido que titulaciones en filosofía y teología fueran aceptadas, cuando previamente se requerían carreras como economía, antropología o ciencia política.

De acuerdo con la información publicada por el medio antes mencionado, el 14 de abril de 2025, a través de la Resolución 000686, el director encargado de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Edilberto Peñaranda, formalizó dicho cambio.

El cambio en el manual de funciones afectó principalmente al cargo de subdirector de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental, así como a tres puestos de asesores. Según el documento oficial, dos de estos asesores fueron asignados a la mencionada subdirección, mientras que el tercero se incorporó al despacho de la Dirección General, área a la que llegó la exministra Irene Vélez.

Frente a esta noticia, en su momento la senadora María Fernanda Cabal, opositora de Gustavo Petro, publicó en su cuenta de X que le pediría a la Procuraduría General de la Nación que investigara esa decisión. “Es un acto descarado de clientelismo”, aseveró.