A joven venezolana le negaron su acceso a una universidad en Colombia y la Corte Constitucional le dio la razón: “No pueden imponer barreras”

La Corte Constitucional de Colombia determinó que las universidades del país no pueden establecer restricciones arbitrarias que limiten el acceso a la educación superior, incluso bajo su autonomía institucional.

Esta decisión, emitida por la Sala Cuarta de Revisión del alto tribunal, surge tras analizar el caso de una ciudadana de nacionalidad venezolana que le fue negada la posibilidad de realizar el proceso de admisión en un centro educativo del país, motivo por el cual interpuso un derecho de petición contra el alma mater.

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De acuerdo con la Corte, el caso, que fue revisado por los magistrados Vladimir Fernández, Jorge Ibáñez y Miguel Polo, se centró en una mujer del vecino país que buscaba cursar estudios en áreas específicas del programa de Derecho, requisito necesario para solicitar la convalidación de su título de abogada ante el Ministerio de Educación, y así poder ejercer su profesión en territorio colombiano.

No obstante, la universidad argumentó que la negativa se debía a la implementación de un procedimiento interno relacionado con la convalidación de títulos, aspecto que, para la Corte, no justificaba la restricción impuesta.

“La accionante reprochó que no se le dio una respuesta clara, congruente y suficiente a la solicitud elevada a la universidad (...) la Sala consideró que la universidad vulneró el derecho a la educación bajo el argumento de estar ajustando un procedimiento interno para la convalidación de títulos”, aseguró el alto tribunal en un comunicado.

Además, la Corte calificó la acción de la academia como injustificada, al señalar que “la universidad ya contaba con los medios para que la accionante cumpliera con el requisito especial de convalidación de su título, dado que su plan de estudios incluía las áreas requeridas y su programa de Derecho cuenta con registro calificado vigente”.

Además, la Corte señaló que la universidad también vulneró el derecho de petición de la accionante, al no ofrecer una respuesta clara, precisa y suficiente a la solicitud presentada. Este derecho implica que las autoridades deben responder de manera congruente y de fondo a las peticiones formuladas por los ciudadanos.

“En consecuencia, la Sala le ordenó a la universidad que permita a la accionante, si ella aún lo desea, acceder al proceso de admisión para el pregrado en Derecho. Para ello, la institución debe informarle todo lo relacionado con el proceso de admisión al programa y, en caso de que sea admitida en este, debe permitirle cursar las áreas que requiere para la convalidación de su título”, indicó la sala de la Corte.

En este sentido, el alto tribunal hizo un llamado a las universidades del país para evitar que se coloquen obstáculos a los estudiantes nacionales y extranjeros para acceder a la educación superior.

“Las universidades, en ejercicio de su autonomía, no pueden imponer barreras arbitrarias que restrinjan el acceso a la educación superior. Por ello, deben garantizar el ingreso en igualdad de condiciones a un proceso de admisión y, de ser admitidas, permitir el acceso a su programa académico, conforme a su normativa interna”, señaló.

Asimismo, la universidad deberá responder de manera adecuada y suficiente al derecho de petición presentado por la ciudadana el 5 de marzo de 2024. “La garantía de este implica que las autoridades den una respuesta clara, precisa y de fondo”, concluyeron.

La decisión de la Corte Constitucional establece un precedente importante en la protección de los derechos de los migrantes y refugiados en Colombia, especialmente en lo que respecta al acceso a la educación superior y la convalidación de títulos profesionales.

Este caso pone de manifiesto la necesidad de que las instituciones educativas adopten políticas inclusivas y respeten los derechos fundamentales de todas las personas, independientemente de su nacionalidad o situación migratoria.

Con esta resolución, la Corte Constitucional reafirma su compromiso con la protección de los derechos fundamentales y establece límites claros a la autonomía universitaria, recordando que esta debe ejercerse en armonía con los principios constitucionales.