
Una multitud conformada por líderes políticos, estudiantes, docentes, autoridades locales, representantes religiosos y ciudadanos de Jamundí se congregó este lunes 12 de mayo frente al Hospital Piloto del municipio para exigir la liberación de Lyan José Hortúa, el pequeño niño de 11 años secuestrado el pasado 3 de mayo en su hogar, ubicado en el corregimiento de Potrerito.
La movilización, que estuvo rodeada por camisetas blancas, pancartas y banderas, buscó alzar la voz contra la violencia infantil y visibilizar la crisis de seguridad que afecta a la región.
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De acuerdo con declaraciones de la alcaldesa de Jamundí, Paola Castillo, el secuestro del menor habría sido un error, según lo manifestado por representantes religiosos que participan en las negociaciones para su liberación.
“Lo que sí podemos transmitir, según lo dicho por el padre Omar, es que le manifestaron que el menor está en buenas condiciones de salud, le manifestaron que era una buena intención de poder hacer ese intercambio o entregar al menor y también le manifestaron que había sido un error”, señaló la mandataria.

Castillo aseguró que el niño se encuentra en buenas condiciones de salud y destacó la importancia de manejar con discreción ciertos detalles sensibles del caso.
“Como Alcaldesa, como jamundeña y como madre rechazo de manera contundente el secuestro del menor Lyan. Oramos para que pueda regresar al seno de su hogar y que esté en buen estado”, expresó en una declaración pública.
La mandataria también informó que el Gaula, equipos élite, la Fiscalía, la Policía y el Ejército Nacional están trabajando en el caso. Además, recordó que la Gobernación del Valle del Cauca sigue ofreciendo una recompensa de hasta 200 millones de pesos para quien proporcione información que permita localizar al menor.
Castillo aprovechó la ocasión para enviar un mensaje al presidente Gustavo Petro, destacando las dificultades que enfrenta el municipio en el contexto del conflicto armado y la crisis de orden público.
“Esta marcha también es para expresarle al presidente Gustavo Petro todas las dificultades y la crisis que estamos viviendo en el marco del conflicto armado y el orden público en nuestros territorios”, concluyó la mandataria local.
Por su parte, la personera de Jamundí, Martha Isabel Gutiérrez, destacó que la marcha tenía como objetivo rechazar cualquier forma de violencia contra niños, niñas y adolescentes.
“Queremos la liberación inmediata de Lyan para que pueda regresar al seno de su familia. El proceso continúa, esperamos pronto tener buenos resultados y traerlo de vuelta”, afirmó.
El evento también contó con la participación de Fabio Cardozo, coordinador de la mesa de diálogo sociojurídico en Buenaventura, quien calificó la movilización como un reflejo del clamor nacional.
“Es la demanda de las madres, de la sociedad, de los niños, de las instituciones y del conjunto del pueblo colombiano y de Jamundí”, declaró.
Cardozo hizo un llamado a los captores para que escuchen el pedido de los colombianos y liberen al niño sano y salvo. “Yo vengo aquí a sumarme a los esfuerzos humanitarios que ya vienen adelantándose, a los esfuerzos de las instituciones y, sobre todo, también en respuesta al clamor y al dolor de nuestras comunidades”, añadió.
Desde la Arquidiócesis de Cali, el sacerdote Diego Fernando Guzmán, director de la Pastoral Social, calificó el secuestro como una violación directa del Derecho Internacional Humanitario.
“No podemos tocar a nuestros niños ni involucrarlos en estos fenómenos de violencia. Por eso manifestamos nuestra voz de protesta y nuestro rechazo enfático, pero también dejamos abierta la puerta para que la Iglesia, como históricamente lo ha hecho, pueda hacer alguna gestión de orden humanitario que permita el retorno del niño a casa”, señaló el religioso en declaraciones recogidas por El País.
Guzmán explicó que actualmente se encuentran en una fase exploratoria para establecer las condiciones necesarias que permitan la liberación de Lyan.
La marcha no solo buscó visibilizar el caso de Lyan, sino denunciar la situación de inseguridad que afecta a Jamundí y otras regiones del Valle del Cauca. Los participantes coincidieron en la necesidad de proteger a los menores de edad y garantizar su derecho a vivir en un entorno libre de violencia.
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