La Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Iván Leonidas Name Vásquez y Andrés David Calle Aguas, que presidieron el Senado y la Cámara de Representantes respectivamente, como consecuencia de una investigación por presuntos actos de corrupción relacionados con el trámite de reformas impulsadas por el Gobierno Petro.
El alto tribunal recopiló y valoró testimonios y elementos documentales que dan cuenta de la supuesta entrega de dinero a los dos congresistas, a cambio de su respaldo político a los proyectos de reforma del sistema de salud y del sistema pensional, este último convertido en ley en julio de 2024.
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El proceso judicial señala como origen de los recursos públicos presuntamente desviados a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), entidad desde la cual, según las pesquisas, se habría direccionado un contrato con sobreprecio para financiar pagos a congresistas con fines políticos. Las entregas se habrían realizado entre octubre de 2023 y enero de 2024, en distintos puntos de Bogotá y Montería, según detalla el auto de 183 páginas emitido por la Sala Especial de Instrucción.
La Corte determinó que los pagos a Name Vásquez alcanzaron los $3.000 millones, mientras que Calle Aguas habría recibido $1.000 millones. En ambos casos, los fondos habrían sido empleados para financiar campañas electorales de familiares directos en las elecciones regionales del 29 de octubre de 2023. Los investigadores establecieron que en la ruta del dinero participaron particulares, funcionarios de la Ungrd y contratistas privados.
Uno de los puntos centrales del expediente es el papel que habrían tenido Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, exdirector y subdirector de la Ungrd, señalados de estructurar el esquema financiero con recursos públicos y canalizarlos hacia actores políticos. Según la Corte, ambos habrían operado bajo una cadena de mando que podría alcanzar a altos funcionarios del Ejecutivo.
El dinero provino de un contrato adjudicado para el suministro de carrotanques en La Guajira, y se canalizó a través de un préstamo simulado entre un contratista y Pinilla Álvarez, el cual fue pagado posteriormente con un anticipo de dicho contrato. El mecanismo sirvió, según la investigación, para cubrir los pagos a los congresistas implicados.
En términos judiciales, el caso avanza bajo los lineamientos del sistema penal de la Ley 600, lo cual implica que no existen salidas como preacuerdos o negociaciones con la Fiscalía. Los acusados podrán apelar la medida de aseguramiento, pero el proceso continuará su curso con una etapa de pruebas y eventual juicio. La única alternativa procesal que podría contemplarse es la figura de sentencia anticipada, si los implicados aceptan los cargos en la primera fase de juicio.
El impacto político del caso ha sido significativo, al involucrar simultáneamente a los entonces presidentes de ambas cámaras del Congreso. La Corte considera que ambos congresistas eran conscientes del origen público de los recursos recibidos, lo cual agrava la situación jurídica. Las penas por los delitos investigados, entre ellos peculado por apropiación y cohecho, podrían alcanzar hasta 33 años de prisión.
Este caso plantea cuestionamientos de fondo sobre la relación entre poder legislativo, ejecutivo y las entidades del Estado encargadas de ejecutar recursos públicos, en un contexto donde se buscaba la aprobación de reformas estructurales promovidas por el Gobierno. El expediente seguirá su curso ante la Sala Especial de Juzgamiento de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. Hay quienes se preguntan sobre el impacto que podría tener este proceso sobre el trámite de las reformas del Gobierno Petro en el Congreso, especialmente la reforma pensional, sobre la que hay más expectativa.
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