
Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), siguen dando a conocer ante la justicia los supuestos cómplices en el desfalco de la entidad con el propósito de obtener una rebaja de pena.
Sandra Ortiz, Iván Name y Andrés Calle han sido capturados por su presunta corrupción en este caso; sin embargo, se esperan más detenciones en los próximos días.
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Según El Tiempo, el próximo en ser imputado por la Fiscalía sería Carlos Ramón González, exdirector del Departamento del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), que, según el auto de la Corte Suprema, fue la presunta persona que habría ordenado la entrega de $4.000 millones a congresistas para “impulsar” o no negarse al trámite de los proyectos del Ejecutivo.

El exjefe de la Función Pública César Augusto Manrique Soacha también sería imputado. En la condena a Sneyder Pinilla, el ex M-19 habría participado en el desvío de contratos con dineros provenientes de un convenio de $ 100.000 millones entre el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y la Agencia Nacional de Tierras, para ser transferidos a la Ungrd.
El citado medio también reveló que se encuentra Luis Carlos Barreto, vinculado en el escándalo por el supuesto direccionamiento de contratos. Asimismo, serían imputados Ana María Riveros y Sonia Rocío, familiares de Edgar Viveros.
Edgar Echeverri y Francisco Estupiñán, de la Fundación Yapurutú, por el caso de la Agencia Nacional de Tierras también serían imputados.
En el auto del alto tribunal, que ordenó la captura de Andrés Calle e Iván Name, expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, se menciona a Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, por su presunta participación en la reunión que habría definido el uso de los recursos de la Ungrd para tener el respaldo de congresistas.

El 7 de mayo de 2025, Iván Name y Andrés Calle fueron capturados por orden de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
El documento de 183 páginas emitido por la Sala de Instrucción, la decisión de ordenar la captura de Name y Calle se fundamenta en la necesidad de evitar que presuntamente continúen delinquiendo desde sus posiciones de poder en el Congreso.
Además, el tribunal señaló que existen pruebas contundentes que respaldan las acusaciones en su contra.
El caso se centra en el presunto desfalco de la Ungrd, en el que, según testigos clave como Sandra Ortiz y Sneyder Pinilla, se habrían entregado sumas de hasta 4.000 millones de pesos colombianos para garantizar la aprobación de reformas sociales promovidas por el presidente de la República, Gustavo Petro.

La Corte Suprema de Justicia también emitió consideraciones individuales sobre cada uno de los congresistas. En el caso de Iván Name, el tribunal destacó que su reciente elección como presidente del Congreso, con el apoyo de todos los partidos políticos, refuerza el riesgo de que pueda reiterar las conductas delictivas que se le atribuyen. En palabras del alto tribunal, estos hechos objetivos confirman el peligro que representa para la comunidad.
Por su parte, respecto a Andrés Calle, la Corte señaló que su posición de poder en el Congreso también lo convierte en un riesgo para la sociedad. Aunque el documento no detalla más sobre las acciones específicas de Calle, se detalla que su influencia podría facilitar la presunta continuidad de actividades ilícitas.
El caso ha generado un fuerte impacto en el ámbito político colombiano, dado que ambos congresistas ocupaban posiciones de alta relevancia en el Congreso.
Por lo que considera que las conductas “imputadas a los aforados se traducen incluso en una afectación para la supervivencia de la población vulnerable de La Guajira, sujetos de atención por parte de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastre, ya que tal apropiación de recursos les impidió en parte acceder al agua potable que requieren para sobrevivir”.
De igual manera, el alto tribunal señaló que la colaboración de Olmedo López y Sneyder Pinilla fue fundamental para tomar una decisión en el caso de los dos congresistas, ya que las pruebas entregadas son reveladoras.
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