En una operación conjunta llevada a cabo en la zona rural de Buenaventura (Valle del Cauca), las fuerzas armadas lograron desmantelar dos unidades de producción minera ilegales vinculadas a las disidencias de las Farc, específicamente a la estructura conocida como Jaime Martínez.
De acuerdo con el Ejército Nacional, esta acción representa un golpe significativo a las finanzas criminales de este grupo, con pérdidas estimadas en $5.400 millones.
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La operación fue ejecutada por tropas del Ejército Nacional, en coordinación con la Armada de Colombia, la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional. Durante el operativo, se localizaron y neutralizaron simultáneamente dos instalaciones dedicadas a la minería ilegal.
Entre los equipos incautados y destruidos de manera controlada por técnicos antiexplosivos se encontraban tres retroexcavadoras, una draga de succión tipo buzo, dos canales de drenaje y dos motobombas. Estas herramientas tenían una capacidad de producción mensual de 1.500 gramos de oro, lo que generaba ingresos ilícitos superiores a $1.800 millones mensuales para la estructura criminal.
Además del impacto económico, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, destacó las graves consecuencias ambientales de estas actividades ilegales. Según el reporte, las operaciones mineras vertían aproximadamente 55 kilogramos de mercurio al mes en el río Dagua, lo que ocasionaba un daño significativo a los ecosistemas locales y ponía en riesgo la salud de las comunidades rurales cercanas.
El mercurio, utilizado en el proceso de extracción de oro, es altamente tóxico y su liberación al medio ambiente tiene efectos perjudiciales a largo plazo.
Esta intervención forma parte del plan estratégico Ayacucho Plus, “una estrategia diseñada para debilitar las capacidades económicas y operativas de los grupos armados organizados residuales (GAO-r) que operan en el país”. Según las autoridades, el objetivo principal de este plan es combatir las economías ilegales que financian actividades violentas y criminales, como la minería ilícita, el narcotráfico y la extorsión.
Por último, el ministro hizo un llamado a la ciudadanía para que colabore en la lucha contra el crimen organizado, proporcionando información que permita identificar y desarticular estas actividades ilegales. Para ello, habilitaron las líneas de denuncia: 323 273 4707 para casos relacionados con terrorismo; 314 358 7212 para combatir el crimen; línea 107 y Gaula Militar en el 147.
Comandante del Ejército de Colombia se refirió al asesinato de 11 militares ecuatorianos
El 9 de mayo de 2025, un ataque en Alto Punino, provincia de Orellana (Ecuador), dejó un saldo de 11 soldados muertos.
Las fuerzas armadas ecuatorianas realizaban un operativo contra la minería ilegal cuando fueron emboscadas con explosivos, granadas y disparos. Las autoridades atribuyeron inicialmente el ataque a los Comandos de la Frontera, una facción disidente de la Segunda Marquetalia, dirigida por alias Iván Márquez. Sin embargo, este grupo negó su responsabilidad, señalando en un comunicado a organizaciones como Los Choneros, Los Lobos y Los Tiguerones, y afirmando operar únicamente en territorio colombiano.
En respuesta, desde Colombia, el general Luis Emilio Cardozo, comandante del Ejército, expresó su solidaridad con Ecuador a través de sus redes sociales, condenando los hechos y comprometiéndose a colaborar en la captura de los atacantes. Asimismo, ordenó reforzar la seguridad en la frontera y destacó la experiencia colombiana en la lucha contra grupos como las disidencias de las Farc.
Por su parte, el ministro Pedro Sánchez calificó el ataque como “brutal” y reiteró el compromiso mutuo entre ambos países para prevenir la violencia transfronteriza. Resaltó que el gobierno de Gustavo Petro no permitirá que el crimen organizado ponga en peligro la seguridad regional.
El incidente tuvo lugar mientras un grupo de 80 soldados ecuatorianos, divididos en cuatro equipos, realizaba acciones contra redes de minería ilegal. Las tácticas de los atacantes, incluidas explosiones, hicieron más letal la emboscada. Posteriormente, la Fiscalía de Ecuador inició una investigación por “terrorismo” y comenzó los procedimientos forenses, incluyendo el traslado de los cuerpos a Quito. También se investiga la identidad de un cuerpo que podría pertenecer a un integrante de los Comandos de la Frontera.
La masacre ha generado tensiones en el marco de las políticas de diálogo de Ecuador con estructuras armadas ilegales y la estrategia regional contra el crimen organizado, subrayando los desafíos compartidos por Ecuador y Colombia en sus zonas de frontera.
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