La Policía Nacional de Colombia enfrenta una crisis financiera que ha comenzado a impactar directamente en las operaciones de los uniformados, quienes, en algunos casos, han tenido que recurrir a sus propios recursos para cumplir con las tareas asignadas.
Según reveló Semana, varios agentes denunciaron una desfinanciación por parte del Estado que los ha obligado a costear viáticos, pagar recompensas y solventar gastos operativos de su propio bolsillo debido a los recortes presupuestales que afectan a la institución. Esta situación se da en un contexto de creciente violencia y actividad de grupos armados ilegales en el país.
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El Ministerio de Hacienda es el encargado de asignar los recursos para el funcionamiento y la inversión de la Policía, mientras que gobernaciones, alcaldías y gobiernos extranjeros contribuyen con fondos adicionales.
Sin embargo, los datos obtenidos por la senadora Paola Holguín mediante un derecho de petición al Ministerio de Defensa muestran una drástica reducción en los presupuestos destinados a operaciones, tecnología, recompensas e inteligencia en los últimos años. En 2022, por ejemplo, se destinaron $65.485 millones para operaciones, cifra que se redujo a 35.035 millones en 2023, 32.000 millones en 2024 y 18.000 millones proyectados para 2025, lo que representa una disminución del 44 % entre los dos últimos periodos.
Los recortes también han afectado el banco de recompensas, una herramienta clave para obtener información sobre actividades delictivas. Según los datos revelados, la Dirección de Inteligencia Policial pasó de invertir más de $5.000 millones en recompensas en 2022 a solo 106 millones proyectados para 2025.
En la Dirección de Antinarcóticos, el presupuesto para recompensas se redujo de $1.500 millones en 2022, y en 2025 a 500 millones. Estas cifras reflejan una disminución significativa en los recursos disponibles para incentivar la colaboración ciudadana en la lucha contra el crimen.
El recorte presupuestal a la Policía también afectó los avances tecnológicos, esenciales para combatir delitos informáticos y otras actividades criminales modernas. El presupuesto para desarrollo tecnológico pasó de $71.059 millones en 2022 a 15.000 millones proyectados para 2025, lo que representa una reducción cercana al 56%. Según testimonios recogidos por el medio citado, los insumos tecnológicos están concentrados en Bogotá, lo que obliga a los agentes en otras regiones a trabajar con recursos limitados o a utilizar sus propios fondos para cumplir con las tareas asignadas.
La Dirección de Investigación Criminal (Dijín) también experimentó una disminución en su presupuesto operativo. En 2024, esta dirección recibió $55.023 millones, pero para 2025 la cifra se redujo a 40.000 millones, una caída del 27%. Aunque fuentes de la Dijín señalaron que cuentan con el respaldo de agencias policiales extranjeras, como las de Estados Unidos, para financiar parte de sus operativos, reconocieron que la falta de recursos ha retrasado algunas comisiones destinadas a combatir bandas criminales en las regiones.
En el ámbito de antinarcóticos, el presupuesto también ha sido recortado de manera significativa. En 2024, esta dirección contó con más de $3.000 millones, mientras que para 2025 se proyectan solo 1.300 millones. Esta reducción es especialmente preocupante, ya que los resultados de esta entidad son fundamentales para la evaluación anual que realiza Estados Unidos sobre la lucha contra el narcotráfico en Colombia, un factor clave para la certificación del país.
Los problemas logísticos también afectan a los patrulleros en diversas ciudades. Los testimonios recogidos por el medio revelaron que los uniformados enfrentan dificultades para acceder a uniformes y otros implementos básicos, lo que los obliga a adquirirlos con su propio dinero. Asimismo, los agentes reportaron que deben cubrir gastos relacionados con el mantenimiento de vehículos, cambios de aceite y reparaciones, así como el combustible adicional cuando exceden el límite permitido por la institución.
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