La Procuraduría General de la Nación lanzó duras observaciones en contra de la Superintendencia de Servicios Públicos por su”falta de claridad y planeación" en el proceso de intervención a la empresa de energía Air-e S.A.S. E.S.P., operadora en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.
En especial por una sustentación insatisfactoria, a juzgar por el comunicado que emitió la institución de control, en la que no se explicó adecuadamente el respaldo de unos informes solicitados por la misma Procuraduría.
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Durante una mesa técnica liderada por el Ministerio Público en Bogotá, representantes de la Superservicios no lograron justificar adecuadamente los motivos que llevaron a la intervención ni presentaron informes financieros consolidados sobre el estado actual de la empresa.
“La entidad no tiene claridad sobre el expediente de la actuación administrativa frente a la empresa intervenida”, señaló la Procuraduría en un comunicado oficial.
La queja de la Procuraduría
La explicación de la institución es que uno de los puntos más críticos fue la ausencia de información sobre la deuda de Air-e con las generadoras energéticas.
La Superservicios, según confirmó el Ministerio Público, no presentó cifras consolidadas ni detalles sobre el patrimonio o los activos de la electrificadora. Además, no entregó evidencia de un plan estructurado que garantice la prestación continua y eficiente del servicio en la región.
“También llama la atención para el órgano de control que la Superservicios y Agente Especial, a la fecha, no tengan planes definitivos para garantizar la continua y eficiente prestación del servicio y tampoco tengan medición de los impactos causados por la decisión", puntualizó la institución.
Y se agregó que “sumado a estas inconsistencias, la entidad tampoco presentó un informe de las actuaciones que ha surtido para cumplir con las órdenes del Tribunal Administrativo de Cundinamarca sobre la información relativa a los análisis detallados que sustentaron la modalidad de toma de posesión de la empresa energética”.
Lo más grave: no hay un plan de solución con Air-e, según la Procuraduría
En ese orden de ideas, el organismo advirtió que pese a que ha pasado tiempo tras la declaración de la intervención, aún no se cuenta con una solución que amortigüe la difícil situación de los servicios públicos de estos departamentos caribeños.
“La Superservicios, después de varios meses de haber asumido el control del funcionamiento de la electrificadora, no contempla un plan de solución definitiva dirigido a la reorganización o la liquidación de la empresa, ni propuestas concretas para la continuidad de la prestación del servicio”, advirtió la Procuraduría.
Durante la reunión, en la que también participaron representantes de la Contraloría General de la República y de la propia Air-e, se evidenció, según el Ministerio Público, una preocupante alteración del equilibrio del sector energético.
Las Procuradurías Delegadas para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, y para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, señalaron que esta situación compromete la cadena de pagos y pone en riesgo la estabilidad financiera del sistema.
Ante la falta de respuestas, la Procuraduría citó una nueva mesa técnica para el próximo 28 de mayo y exigió a la Superservicios la entrega de información adicional antes del 16 del mismo mes.
Así ha crecido la deuda de Air-e tras intervención
La deuda de la empresa Air-e, encargada de suministrar energía a 1,3 millones de usuarios en la región Caribe de Colombia, ha experimentado un incremento desde que el Gobierno de Gustavo Petro asumió su control en septiembre del año pasado.
Según datos analizados por el senador José David Name, el pasivo por contratos de energía pasó de $940.511 millones a $2,09 billones, lo que representa un aumento del 123,12%.
De acuerdo con información publicada por El Colombiano, la intervención gubernamental, que buscaba estabilizar la situación financiera de la empresa, no ha logrado revertir la crisis.
Por el contrario, en los últimos siete meses, Air-e ha acumulado un déficit mensual cercano a los $60.000 millones, lo que ha llevado a la Superintendencia de Servicios Públicos a reconocer la gravedad del problema
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