
Continúa la polémica en torno a Luis Alberto Herrera, más conocido como “Lucho” Herrera, por los presuntos vínculos que habría sostenido con grupos al margen de la ley.
De acuerdo con testimonios de tres exparamilitares, Herrera habría solicitado al ex jefe paramilitar alias Martín Llanos la desaparición de las víctimas, acusándolas de ser milicianos de las Farc. Sin embargo, años después, los mismos testigos declararon ante la Fiscalía que el exciclista los habría engañado, ya que su verdadero propósito sería apropiarse de los terrenos colindantes a su finca. Estas declaraciones llevaron a un juzgado a ordenar la apertura de una investigación contra el ganador de la Vuelta a España de 1987.
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Frente a esto, según Blu Radio, un equipo de la Dirección de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación hizo una visita de inspección, entre el 21 y el 25 de abril de 2025, a una finca del exciclista Lucho Herrera, ubicada en la vereda La Aguadita, entre Fusagasugá y Silvania, en el departamento de Cundinamarca.

Según informó la Fiscalía, el objetivo de esta diligencia era determinar si en el predio se encontraban restos de cuatro campesinos desaparecidos en 2002, en un caso relacionado con las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC).
Durante la inspección, que contó con la participación de la Policía judicial y expertos forenses, no se encontraron restos humanos ni evidencias que permitan localizar a los desaparecidos. A pesar de ello, la Fiscalía no descarta nuevas diligencias, ya que este caso forma parte de una investigación más amplia sobre homicidios y desapariciones forzadas atribuidas a las ACC en la región del Sumapaz entre 2002 y 2003. En total, se indaga la desaparición de 14 personas en este contexto.

Entre las víctimas de este caso específico se encuentran Gonzalo Guerrero Jiménez, Víctor Manuel Rodríguez Martínez, José del Carmen Rodríguez Martínez y Diuviseldo Torres Vega, que eran vecinos de Herrera en la vereda La Aguadita. Según consignó la Fiscalía, dos exparamilitares, Luis Fernando Gómez, alias Ojitos, y Óscar Andrés Huertas Sarmiento, alias Menudencias, vincularon directamente al exciclista con estos hechos. Gómez, además, fue condenado a más de 20 años de prisión por su participación en crímenes cometidos por las ACC.
El caso de Herrera se suma a una serie de investigaciones que tienen como objetivo esclarecer las acciones de las ACC en la región, un grupo paramilitar que operó con violencia en varias zonas del país durante el conflicto armado. La Fiscalía continúa recopilando pruebas y testimonios para avanzar en el esclarecimiento de estos crímenes y determinar las responsabilidades correspondientes.
Sobre estos hechos, Andrés Fabián Rodríguez, sobrino de Diuviseldo Torres Vega, una de las cuatro víctimas, explicó que su tío fue sacado a la fuerza de su hogar por hombres que portaban chalecos, gorras y brazaletes del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
En su relato, dijo que los hombres armados que se llevaron a su tío actuaron con intimidación y violencia. Además, le apuntaron con un arma amenazándolo frente a sus familiares. “Lo montaron en el platón, lo encañonaron y se lo llevaron con rumbo desconocido”.

En respuesta a los señalamientos, Lucho Herrera emitió un comunicado en el que negó categóricamente cualquier vínculo con organizaciones criminales o actos ilícitos. En el documento, compuesto por cinco puntos, el exciclista aseguró que siempre ha llevado una vida dedicada al deporte y al trabajo honesto. “Jamás he pertenecido a organizaciones criminales ni he pretendido causar daño a persona alguna. Mi vida la he dedicado al deporte, y tras mi retiro del ciclismo profesional, a trabajar de forma honesta”, afirmó.
El excampeón también rechazó las imputaciones que, según él, buscan dañar su reputación y trayectoria. “Rechazo de manera enfática las imputaciones que pretenden enlodar mi nombre y mi trayectoria como ciudadano, trabajador y padre de familia”, agregó. Asimismo, manifestó su disposición para colaborar con las autoridades en el desarrollo de la investigación, comprometiéndose a brindar las declaraciones necesarias que permitan esclarecer los hechos.
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