En la Fiscalía General de la Nación se alista el concurso de méritos para proveer 4.000 cargos en la Fiscalía General de la Nación, desde el mes de marzo del 2025, a través del Acuerdo No. 001 de 2025.
Sin embargo, por medio de una investigación periodística que encabezó Semana, se conoció una oleada de presuntas maniobras insólitas entre los funcionarios en provisionalidad.
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De acuerdo con lo que consignó el medio mencionado, a la expectativa de ser reemplazados por nuevos concursantes, muchos optaron por estrategias que pueden catalogarse como creativas, pero que son cuestionables: divorcios ficticios, embarazos “exprés” y paternidades improvisadas que hoy están bajo la lupa de la Comisión de Disciplina Judicial.
El 6 de marzo del año en curso, la administración de Luz Adriana Camargo lanzó el proceso con el objetivo de profesionalizar la planta del ente acusador y garantizar el acceso por mérito.
Sin embargo, el verdadero terremoto se produjo cuando se publicó la Circular 0030 del 3 de septiembre de 2024, que estableció criterios para proteger ciertos cargos del concurso.
El medio conoció el documento y allí se establece que entre las excepciones estaban funcionarios con enfermedades, discapacidad, en condición de pre-pensionados o padres y madres cabeza de hogar.
Fue entonces comenzaron a suceder las presuntas irregularidades en los despachos. Funcionarios de distintos niveles comenzaron a radicar notariales, registros civiles y actas que, según múltiples denuncias, eran en muchos casos completamente falsas.
La motivación era clara: aferrarse a sus puestos, incluso si para ello debían inventarse tragedias familiares, como informó el medio.
Un testimonio que llegó a la revista relataba que “en nueve meses verán una asonada de licencias de maternidad”, como se oyó en en los pasillos del búnker de la Fiscalía en Bogotá.
La frase, que parecía un chiste interno, hoy sería un presagio que se materializó en múltiples denuncias formales y una investigación interna que ya está en curso.
Mentiras firmadas ante notario
Las artimañas fueron de todo tipo. El medio nacional tuvo acceso a denuncias que incluyen nombres, cargos, fechas y ciudades.
En ellas, funcionarios juraron ser cabeza de hogar pese a tener cónyuges que trabajan en la misma Fiscalía, y en la misma ciudad. La jugada consistía en fingir un abandono o divorcio, firmar una declaración juramentada y asegurar así la exclusión del concurso.
“Resulta grave que la dirección ejecutiva se hiciera la de la vista gorda y ni siquiera indagara las condiciones personales y familiares de fiscales que tienen cónyuges que trabajan en la misma institución y ciudad, y resultan beneficiados con dicha medida de exclusión de sus cargos”, dice una de las denuncias que ya está en manos de la Fiscalía, y que fue recibida por periodistas del medio.
Uno de los casos más polémicos se presentó en la seccional Bolívar. Una fiscal alegó ser madre cabeza de familia pese a tener un esposo pensionado. “La Fiscalía General, de manera cómplice, las otorgó, sin indagar siquiera si esa condición se verificó como lo determina la Corte Constitucional”, señaló la queja.
En otro episodio, digno de una telenovela, una funcionaria se declaró madre cabeza de hogar sin tener hijos. La estrategia consistió en demandar la pérdida de patria potestad contra su propia hermana para asumir temporalmente el cuidado de sus sobrinas.
“No tiene la patria potestad de sus sobrinas y sus padres son pensionados, no se configura la condición de madre cabeza de familia”, explicó el denunciante.
Una epidemia de embarazos y divorcios
El fenómeno no fue aislado. Se reportaron múltiples divorcios repentinos y embarazos “de última hora” que surgieron justo después de publicarse los criterios de exclusión.
En algunos casos, las parejas simulaban crisis matrimoniales para justificar la condición de cabeza de hogar, pese a continuar viviendo juntos y trabajando en la misma entidad.
“Estos servidores públicos son un claro ejemplo del gran fraude que se cometió en la Fiscalía General de la Nación para beneficiar a algunos y excluirlos del concurso, privilegiando las afinidades ideológicas con un Gobierno de turno”, advierte otra denuncia.
Aunque gran parte de las quejas provienen de la seccional Bolívar, los casos también han sido detectados en Caldas y otras regiones del país. La compulsa de copias enviada a la Comisión de Disciplina Judicial incluye eventos similares en distintas ciudades.
El medio también publicó que un total de 5.033 funcionarios solicitaron medidas afirmativas para no ser incluidos en el concurso; de ellos, 2.797 recibieron el beneficio.
Mientras tanto, más de 100.000 personas se inscribieron para competir por los nuevos cargos, incluyendo actuales empleados que desean pasar de provisionales a funcionarios de carrera.
La Fiscalía, por su parte, asegura que actúa con base en la presunción de buena fe. “Se trata de declaraciones juramentadas”, señalaron voceros de la entidad a Semana. No obstante, reconocieron haber recibido 11 denuncias y haber compulsado las copias correspondientes para verificar la veracidad de la información.
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