Críticas al posible nombramiento del nuevo director de la Unidad para las Víctimas por falta de experiencia

La presunta designación de Adith Rafael Romero Polanco como director de la Unidad para las Víctimas ha generado una ola de críticas debido a cuestionamientos sobre su idoneidad para el cargo.

La hoja de vida del funcionario, publicada por la Presidencia, ha sido objeto de escrutinio, ya que su experiencia profesional no parece estar directamente relacionada con las competencias requeridas para liderar esta entidad clave en la atención a las víctimas del conflicto armado en Colombia.

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Romero Polanco, oriundo de Barrancabermeja, cuenta con una trayectoria laboral que incluye cargos como escolta en diversas empresas de seguridad, asesor en seguridad y salud, y jefe de oficina en el Instituto Universitario de la Paz de Santander.

Además, trabajó como especialista jefe en la Alcaldía de Barrancabermeja entre 2021 y 2023. Aunque posee títulos académicos como una ingeniería industrial, una especialización en salud ocupacional y una maestría en administración de organizaciones, su experiencia profesional no parece estar vinculada al manejo de políticas públicas o a la atención de víctimas, lo que ha suscitado dudas sobre su capacidad para asumir este rol.

La Unidad para las Víctimas es una entidad fundamental en Colombia, encargada de coordinar y ejecutar las políticas de atención, asistencia y reparación integral a las personas afectadas por el conflicto armado.

En un contexto de crisis humanitaria, con alertas de desplazamiento forzado y limitaciones presupuestarias, la elección de Romero Polanco ha sido cuestionada por diversos sectores.

La subdirectora de la fundación Paz y Reconciliación, Laura Bonilla, a través de su cuenta de X, expresó su preocupación por la falta de experiencia del nuevo director en el sector, sugiriendo que la designación podría responder a intereses políticos o al pago de cuotas burocráticas.

Bonilla también señaló que esta decisión podría tener un impacto negativo en la atención a las víctimas, especialmente en regiones como el Catatumbo, donde las comunidades desplazadas enfrentan graves dificultades para acceder a la ayuda de emergencia.

“Su experiencia y conocimiento nada tiene que ver con el sector. ¿Sacarán técnicos? ¿Priorizarán contratos para pagar cuotas? ¿A costa de los desplazados del Catatumbo que siguen sin recibir la ayuda de emergencia?”, declaró Bonilla.

Según la subdirectora, la falta de un perfil técnico adecuado en la dirección de la Unidad podría derivar en la salida de personal especializado y en la priorización de contratos que no beneficien directamente a las víctimas.

Al revisar el perfil en la red social Facebook de Romero Polanco, se observa su vinculación con la empresa Omnilife, dedicada a la venta de productos de nutrición.

En varias de sus publicaciones se evidencia que comercializa en Barrancabermeja productos relacionados con el bienestar cardiovascular y el tratamiento del hígado graso, lo que ha generado aún más dudas entre los usuarios de redes sociales sobre si realmente está capacitado para ocupar el cargo.

Recientemente, compartió en sus redes sociales que está cursando un doctorado en Economía y Finanzas en la Universidad Benito Juárez de México. En esa publicación, Romero Polanco destaca que es hijo de dos vendedores ambulantes de alimentos.

Romero Polanco reemplazará a Gloria Cuartas, destacada lideresa social nacida en Sabaneta, Antioquia, reconocida por su trayectoria en la defensa de los derechos de niños, niñas, mujeres y poblaciones vulnerables, así como por su contribución a la construcción de paz desde diversos cargos públicos.

Cuartas asumió la dirección provisional de la Unidad para las Víctimas el 14 de marzo de 2025.

En enero de 2023, Cuartas había asumido la dirección de la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz.

Este organismo, que anteriormente funcionaba como una alta consejería, fue transformado en una dependencia adscrita a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, lo que generó críticas de algunos sectores vinculados al proceso de paz.

Según firmantes del acuerdo y exfuncionarios, aunque la unidad cumple un papel articulador clave, su capacidad de ejecución se ha visto limitada tras este cambio de estatus.