Una fiscal del caso de corrupción de la Ungrd afirmó que exministros Velasco y Guevara sabían de esquema de sobornos a congresistas

Durante la audiencia de imputación de cargos contra María Alejandra Benavides Soto, exasesora del Ministerio de Hacienda, la Fiscalía General de la Nación reveló nuevos elementos que involucrarían en el caso a los exministros Luis Fernando Velasco y Diego Guevara.

De hecho, los exministros del Gobierno Petro habrían tenido conocimiento del presunto esquema de sobornos a congresistas con recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

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Según confirmó El Tiempo, la fiscal delegada María Cristina Patiño presentó pruebas de reuniones sostenidas por Benavides con altos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro, en las que, según indicó, se discutieron mecanismos para favorecer la aprobación de créditos públicos a cambio de beneficios contractuales.

El medio mencionado conoció que uno de los encuentros clave ocurrió el 23 de noviembre de 2023, cuando Benavides, en presencia de Ricardo Bonilla (entonces ministro de Hacienda) y Luis Fernando Velasco (entonces ministro del Interior), habría advertido que el senador liberal Juan Pablo Gallo solicitaba “las mismas condiciones de los otros congresistas”, es decir, contratos de obras a cambio de su apoyo legislativo.

“Usted le comunicó a Bonilla que el senador Juan Pablo Gallo, quien había reemplazado al parlamentario Mauricio Gómez Amín, quería las mismas condiciones de los demás congresistas: esto es, el proyecto regional a su favor, a cambio de asistir y aprobar las operaciones de crédito público que se tramitaban en la Comisión Interparlamentaria del Crédito Público, recibiendo como respuesta el aval del entonces ministro Ricardo Bonilla”, fueron las palabras de la fiscal Patiño, dirigidas a Benavides, citada por el medio nacional.

Lo que se conoce es que Luis Fernando Velasco, que fue el jefe de la cartera del Interior, enfrenta una indagación formal por parte de la Fiscalía, en el contexto del mismo caso, que tiene como principal señalado a Olmedo López, exdirector de la Ungrd y considerado líder de la red de corrupción.

López, que está privado de la libertad desde agosto de 2024, ha entregado declaraciones que apuntan a Velasco como uno de los aparentes implicados en la operación.

No obstante, el exministro ha rechazado los señalamientos. Citado por el diario, dijo: “Para mí y mi equipo jurídico será fácil demostrar las mentiras de Olmedo”, dijo.

El medio especializado Asuntos Legales comunicó, a su vez, que el 5 de diciembre de 2023 se llevó a cabo otra reunión significativa entre Benavides, Diego Guevara, y miembros de la Comisión Interparlamentaria del Crédito Público.

Entre estos últimos habrían estado los congresistas Wadith Manzur, Liliana Esther Bitar Castilla, Julián Peinado Ramírez, Juan Pablo Gallo Maya, Karen Astrid Manrique Olarte y Juan Diego Muñoz Cabrera.

Según Patiño, en esa reunión se indicó que “los proyectos contractuales que se tramitarían probablemente serían viabilizados en el siguiente año, esto es durante el 2024”.

Tres días después, el 6 de diciembre del año anterior, la Fiscalía señaló que en una reunión en el despacho del entonces ministro Bonilla, Benavides, Velasco y Jaime Ramírez Cobo, director del Dapre, acordaron quiénes gestionarían las contrataciones en la Ungrd.

Posteriormente, el 11 de diciembre, Benavides —según Patiño— entregó a Ramírez Cobo un sobre sellado con una tabla que contenía los nombres de los proyectos regionales solicitados por los congresistas, así como contactos locales para su ejecución.

Ante estos señalamientos de Patiño, Benavides manifestó sentirse presionada y manipulada por el exministro Bonilla.

De acuerdo con lo que citó el medio, “Él me usó y usó el hecho de ser el ministro de Hacienda y a él no le importaba el costo que tenía que pagar”, dijo la exasesora durante la audiencia.

La Fiscalía también reveló que varios de los contratos involucrados ya estaban definidos. Uno por $50.000 millones para Cotorra (Córdoba), otro por $12.356 millones para El Salado (Bolívar) y un tercero de $30.000 millones para Saravena (Arauca).

Todos estos recursos habrían sido asignados para proyectos de contención de inundaciones y mitigación de erosión, aunque presuntamente fueron utilizados como parte del entramado de corrupción.

Diego Guevara, por su parte, ha declarado brevemente, citado por El Tiempo: “Les agradezco mucho, no estoy hablando. Como siempre muy respetuoso y siempre dispuesto a colaborar con la justicia”.