El gerente de la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol), Ricardo Roa, suma un proceso judicial más a las investigaciones que ya tiene en contra, entre ellos la presunta violación de topes electorales cuando se desempeñó en 2022 como gerente de la campaña del entonces candidato presidencial Gustavo Francisco Petro Urrego, hoy jefe de Estado.
Ahora la Fiscalía 21 Especializada en delitos contra la administración pública ha asumido una investigación penal que lo involucra a él y a otros altos funcionarios de la petrolera estatal, informaron en el periódico regional El Colombiano.
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Explicaron que la indagación se centra en presuntas irregularidades contractuales que habrían favorecido a la empresa Helistar, en un esquema que habría impedido la competencia real en los procesos de contratación desde 2011.
De acuerdo con la denuncia presentada por Helicópteros Nacionales de Colombia S.A.S. (Helicol), representada por el abogado Julián Quintana, se habría diseñado un sistema de contratación con pliegos ajustados específicamente para beneficiar a la mencionada compañía de transporte aéreo, detallaron el diario de economía Portafolio.
Recogieron que dicho modelo incluía exigencias técnicas injustificadas, cancelaciones de licitaciones abiertas cuando otros oferentes cumplían los requisitos y prórrogas contractuales irregulares. Quintana afirmó también que, durante 14 años, Helistar fue el único beneficiario de los contratos con Ecopetrol, lo que habría afectado la estructura competitiva del mercado.
El proceso licitatorio en cuestión, que abarca servicios de helicópteros para Ecopetrol y sus filiales Cenit y Ocensa, habría sido diseñado para favorecer exclusivamente a Helistar, subrayaron en la revista Semana.
Señalaron que las irregularidades denunciadas incluyen condiciones específicas sobre la antigüedad de las aeronaves, requisitos de disponibilidad inmediata y procesos de licitación inmediata, lo que habría limitado la participación de otros competidores.
En las indagaciones de la Fiscalía también señala a Milton Cabeza Peñaranda, apoderado de Helistar, como uno de los principales beneficiarios de este esquema. Según la denuncia, la familia Cabeza, a la que pertenece Milton, tendría vínculos cercanos con Danilo Romero, un conocido aliado político del Gobierno y compadre del presidente Gustavo Petro y esta relación podría haber influido en el direccionamiento de los contratos hacia Helistar.
Además, se ha señalado que Orlando Cabeza, hermano de Milton Cabeza, también mantiene una relación cercana con Danilo Romero. Según la misma fuente, esa familia ya había estado involucrada en otro escándalo relacionado con la adquisición de camiones de basura de segunda mano durante la alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá, lo que añade un contexto de antecedentes polémicos a la situación actual, destacaron en ese medio de comunicación.
La investigación, que ahora está en manos del ente acusador, busca esclarecer si las acciones denunciadas constituyen delitos contra la administración pública y si existió un favorecimiento indebido hacia Helistar en detrimento de la libre competencia.
El foco público sobre Roa no es nuevo. Antes de asumir la presidencia de Ecopetrol en abril de 2023, su rol como gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 ya tenía varios críticos. No ayudó que, apenas seis meses después de ocupar su nuevo cargo, estallaran las denuncias sobre presuntas irregularidades en la financiación de aquella campaña electoral. Tanto la Fiscalía, como la Procuraduría y el Consejo Nacional Electoral han abierto investigaciones que no solo cuestionan los límites financieros de esa operación política, sino que también examinan posibles prácticas de nepotismo y favorecimiento empresarial, recordaron en un artículo del periódico El País de España.
En medio de estas acusaciones, el nombre de Julián Caicedo Cano, pareja de Roa y también ejecutivo, ha comenzado a destacar. Varios contratos adjudicados en Ecopetrol y entidades relacionadas han sido señalados por presuntos direccionamientos que involucran a Caicedo. Aunque los detalles permanecen bajo indagación, la acumulación de denuncias ha encendido las alarmas.
Un lujoso apartamento en el norte de Bogotá y una compleja red de actores internacionales también lo han tenido bajo el escrutinio público. Según un artículo del periodista Daniel Coronell, publicado el 10 de noviembre de 2024 y titulado Misterios del 901, la transacción del inmueble involucra a una compañía radicada en las Islas Vírgenes Británicas –un conocido paraíso fiscal–, a un magnate vinculado al negocio de los hidrocarburos y a un coronel retirado de la policía.
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