También podría haber consulta popular para la reforma a la salud, aseguró el ministro Guillermo Jaramillo: “Si no se puede a través del Congreso, tenemos que recurrir al pueblo”

El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, planteó la posibilidad de recurrir a una consulta popular como alternativa para avanzar con la reforma a la salud, en caso de que esta enfrente bloqueos similares a los que llevaron al fracaso de la reforma laboral en el Congreso.

Según informó el funcionario durante una audiencia pública en Bucaramanga, el Gobierno está decidido a transformar el sistema de salud y no descarta apelar directamente a la ciudadanía si las vías legislativas se mantienen cerradas.

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De acuerdo con declaraciones recogidas en el evento, Jaramillo afirmó que el Ejecutivo no renunciará a su intención de modificar el modelo actual de salud.

“Tiene que haber una reforma a la salud. Y si no se puede a través del Congreso en este sentido, pues tenemos que recurrir al pueblo, como se está recurriendo ahora a la consulta popular para materia laboral, como lo hizo el señor presidente de la República”, expresó el ministro.

La propuesta de una consulta popular se enmarca en un contexto de dificultades para la aprobación de las reformas sociales impulsadas por el Gobierno.

La reforma a la salud, en particular, ha enfrentado múltiples obstáculos en el Congreso de la República, incluyendo cambios en el liderazgo del Ministerio de Salud y críticas a la forma en que se ha presentado el proyecto.

Estas complicaciones han llevado al Ejecutivo a considerar mecanismos de democracia directa como una vía para superar las barreras legislativas.

El ministro también destacó que la consulta popular ya se ha utilizado como herramienta en el caso de la reforma laboral, lo que refuerza la posibilidad de emplearla para la reforma a la salud.

Según explicó, este mecanismo permitiría que la ciudadanía tome la decisión final sobre el futuro del proyecto, otorgándole un papel central en el proceso de transformación del sistema de salud.

La reforma a la salud ha sido uno de los pilares de la agenda del Gobierno, que busca implementar cambios significativos en el modelo actual.

Sin embargo, las dificultades en el Congreso han puesto en evidencia las tensiones políticas en torno a las reformas sociales.

La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), que agrupa a las aseguradoras de salud en Colombia, advirtió que el decreto en discusión podría exceder los límites legales y constitucionales, afectando las competencias de las entidades involucradas y el derecho a la salud de los ciudadanos.

Según informó W Radio, uno de los principales cuestionamientos de Acemi se centra en las nuevas atribuciones otorgadas a la Superintendencia Nacional de Salud.

El decreto contempla que esta entidad pueda crear mecanismos de participación ciudadana, comités y consejos territoriales, funciones que, de acuerdo con la normativa vigente, no están dentro de su ámbito de acción.

La Superintendencia tiene como misión principal la inspección, vigilancia y control para asegurar la adecuada prestación de los servicios de salud, por lo que estas nuevas competencias podrían sobrepasar lo permitido por la ley.

Otro punto crítico señalado es la obligación impuesta a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) de destinar recursos, incluidos los provenientes de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), a proyectos de infraestructura pública en zonas rurales y urbanas.

Según Acemi, esta disposición altera la destinación específica de dichos fondos, diseñada para financiar la atención directa de los afiliados.

Además, el decreto propone trasladar parte de las responsabilidades de las EPS a los Centros Reguladores de Urgencias y Emergencias (Crue), lo que, según la asociación, contraviene el artículo 14 de la Ley 1122 de 2007.

Esta ley establece que las EPS son responsables de garantizar y gestionar la atención a los usuarios, por lo que delegar esas funciones a otras entidades podría vulnerar el marco legal vigente.

Acemi también expresó su preocupación por la facultad que el decreto otorga a las entidades territoriales, como alcaldes y gobernadores, para diseñar y establecer redes de prestación de servicios de salud.

La asociación considera que esta medida no solo excede las competencias reglamentarias permitidas por la ley, sino que también podría incrementar el riesgo de corrupción al concentrar un poder extraordinario en las autoridades locales.

Asimismo, el borrador del decreto introduce la creación de nuevas entidades dentro del sistema de salud, como subregiones y “microterritorios”, con competencias y responsabilidades específicas.

Según Acemi, esta disposición podría violar la Ley 388, que regula el ordenamiento territorial en Colombia, al crear estructuras administrativas no contempladas en la normativa actual.

Finalmente, el decreto plantea la conformación de instancias de participación ciudadana en las que los usuarios del sistema de salud tendrían un rol activo en el diseño y la ejecución de políticas públicas en este sector.