Efraín Cepeda propuso que los recursos de la consulta popular se destinen para pagar subsidios de energía en el Caribe

En la mañana del viernes 9 de mayo de 2025, el presidente del Congreso de la República, Efraín Cepeda, advirtió sobre las posibles consecuencias de no saldar las deudas pendientes con la empresa de energía Air-e, que opera en Atlántico, Magdalena y La Guajira.

Durante su intervención en la Gran Asamblea del Caribe, celebrada en Barranquilla (Atlántico), Cepeda señaló que la falta de pago podría llevar a la compañía a cesar sus operaciones, lo que calificó como un riesgo en la prestación del servicio a más de 1.300.000 de usuarios.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

En este contexto, el presidente del Senado causó polémica al proponer que los recursos destinados a la consulta popular promovida por el Gobierno se direccionen al pago de subsidios de energía.

“Si no le pagan a Air-e, podrían cesar operaciones en cualquier momento. Eso es peligrosísimo. A mí me parece que si se le inyectan esos $750 mil millones vamos a tener una posibilidad de que se siga generando esa energía que necesitamos en los departamentos de Guajira, Magdalena y Atlántico”, detalló, citado por El Heraldo.

Y es que, según la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), la deuda acumulada con Air-e por los subsidios de los estratos 1, 2 y 3 asciende a $1,5 billones de pesos. “La consulta popular, que vale $750 mil millones al menos, porque siempre salen más arandelas, es un gasto impresionante del Gobierno, cuando a Air-e le están debiendo un millón y medio en subsidios de los estratos 1, 2 y 3 para el pueblo”, afirmó el presidente del Congreso.

Por último, Cepeda destacó la importancia de garantizar el funcionamiento continuo de Air-e, dado que la empresa es responsable de suministrar energía a tres departamentos clave de la región Caribe.

Cabe precisar que el 7 de mayo, el registrador Nacional, Hernán Penagos, durante la sesión de la Comisión de Vigilancia al Organismo Electoral del Congreso, explicó que la consulta popular debe estar diseñada para los 40 millones de ciudadanos habilitados para votar, a pesar de que el historial sugiere una baja participación, con alrededor de 400.000 a 500.000 votantes en anteriores consultas.

Pese a ello, enfatizó que la Registraduría debe garantizar la infraestructura necesaria para toda la población inscrita.

Para mitigar los elevados costos, mencionó la implementación de economías de escala. Esto incluye reducir el número de mesas disponibles y asignar un mayor número de votantes por mesa, ya que cada una implica un gasto significativo.

“Es una consulta en la que hay que llamar a los 40 millones de personas, voten 3 o voten 4 millones, o uno o 500 mil, se debe preparar logística para los 40 millones y medio de ciudadanos (...) mirar que aprovechamos de las elecciones anteriores, bajamos el número de mesas y destinamos más votantes por mesa para ahorrar por mesas que cada una cuesta”, afirmó.

El sector energético en el país enfrenta una deuda por opción tarifaria que supera los $3 billones, problema heredado de administraciones anteriores, según el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

El jefe de cartera recalcó que esta situación requiere tanto el saneamiento de los compromisos financieros acumulados como la implementación de soluciones estructurales para evitar futuras crisis en la prestación del servicio eléctrico.

El mecanismo inicial para abordar esta deuda, incluido en una ley de financiamiento archivada por el Congreso, no fue viable. Por ello, el Gobierno planea presentar un nuevo proyecto de ley en la próxima legislatura con el objetivo de garantizar los recursos necesarios para estabilizar las finanzas del sector. Este plan prioriza a regiones vulnerables del Caribe, donde más de un millón de usuarios dependen de la empresa Air-e para el acceso a la energía.