Cierran centro de salud mental en Santander por denuncias de tortura y maltrato a pacientes: exempleada reveló imágenes

Un nuevo escándalo sacude al sistema de salud mental en Colombia. La Secretaría de Salud de Santander ordenó el cierre inmediato del centro de salud mental adscrito a la IPS Asociación Hacia un Mejor Futuro, Elogios, ubicada en el municipio de Piedecuesta, tras detectar graves incumplimientos en los estándares de habilitación y recibir denuncias por tortura y maltrato a pacientes con discapacidad.

La medida fue impuesta el 7 de mayo, luego de una inspección conjunta liderada por el grupo de Inspección, Vigilancia y Control del departamento, en compañía de la Secretaría de Salud de Piedecuesta y representantes de varias EPS.

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El secretario de Salud, Edwin Antonio Prada Ramírez, explicó que esta decisión quedó registrada en el Acta de Imposición de Medidas Sanitarias de Seguridad No. 008 de 2025.

“El cierre de los servicios se fundamenta en el incumplimiento de siete estándares de habilitación y de condiciones de capacidad instalada, específicamente en los servicios de psiquiatría, hospitalización en salud mental, hospitalización parcial y servicio farmacéutico”, detalló el funcionario.

Durante la inspección, el centro tenía a su cargo 30 personas: 13 en hospitalización total y 17 en hospitalización parcial. Las autoridades sanitarias notificaron a los responsables de los pacientes para iniciar el proceso de traslado inmediato, con el objetivo de garantizar su bienestar y la continuidad del tratamiento.

Además, se ordenó imponer sellos de seguridad conforme al Artículo 578 de la Ley 9 de 1979, que exige dar publicidad a los hechos cuando se derivan riesgos para la salud de las personas. A partir de esa fecha, quedó completamente prohibido el ingreso de nuevos pacientes.

Prada Ramírez enfatizó que esta medida es de “inmediata ejecución, de carácter preventivo y transitorio”, y que no admite recursos de apelación. También anunció que se iniciará un proceso sancionatorio de carácter administrativo contra la IPS, el cual podrá derivar en sanciones adicionales si se comprueba responsabilidad legal en los hechos.

La imposición del cierre estuvo acompañada por la Personería Municipal de Piedecuesta, la Comisaria de Familia y la Policía Nacional, entidades que fueron notificadas para garantizar el cumplimiento de lo establecido por la ley.

Más allá de las fallas administrativas, lo que ha generado mayor conmoción pública son las denuncias penales por presuntos actos de tortura cometidos al interior de la clínica.

Según reveló El Tiempo, la Fiscalía investiga a esta institución tras la divulgación de videos e imágenes que evidencian supuestos tratos crueles contra los pacientes. Las grabaciones, filtradas por una exempleada en diciembre de 2024, muestran actos que habrían violado gravemente los derechos humanos de personas con trastornos mentales.

Miguel Sánchez Mancipe, abogado de algunas de las víctimas, señaló que los registros visuales muestran “a personas amarradas en cruz, con la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba, así como personas sujetas al suelo”.

También denunció que en otro de los videos se observa cómo “personas están siendo sometidas y ahogadas con una manguera que expulsa agua a presión, impidiéndoles respirar con normalidad. Estas personas piden ayuda y solicitan que la agresión se detenga”.

Estas pruebas fueron reveladas por el programa Séptimo Día de Caracol Televisión, donde se expusieron varios de los presuntos actos de tortura cometidos contra los internos. La difusión generó un rechazo generalizado en redes sociales y puso en marcha acciones judiciales por parte de los familiares.

El 2 de mayo, siete personas vinculadas a la clínica fueron capturadas por presunta responsabilidad en estos hechos. Sin embargo, solo tres días después, un juez ordenó su liberación al considerar que existieron irregularidades en el procedimiento de captura. Esta decisión fue criticada por los familiares, quienes temen por la continuidad de las investigaciones.

Mientras tanto, la Secretaría de Salud de Santander reitera su compromiso con la vigilancia del cumplimiento de las normas sanitarias. “Continuaremos realizando acciones de inspección para proteger a los usuarios del sistema de salud en el departamento”, concluyó el secretario de Salud, Edwin Prada.