Reporte de la Cidh reveló que Colombia mejoró su democracia, pero empeoró la situación de violencia: este es el panorama

El jueves 8 de mayo de 2025, se conoció el reporte anual 2024 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), que destacó los avances en la región, especialmente en Colombia en materia de seguridad ciudadana e institucionalidad democrática, entre otros temas.

Asimismo, se refirió a los obstáculos persistentes que afectan a comunidades vulnerables y la implementación de estrategias para transformar las regiones más afectadas por el conflicto armado.

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Según el informe, aunque hay progresos significativos, la violencia y la falta de consensos políticos continúan siendo obstáculos importantes para el desarrollo del país.

“(...) avanzó en seguridad ciudadana e institucionalidad democrática, promoviendo los derechos de personas afrodescendientes e indígenas. Implementó acciones del Plan de una respuesta integral al conflicto armado y la violencia en el país”.

De acuerdo con la Cidh, el Estado implementó acciones dentro del plan de una respuesta integral al conflicto armado y la violencia, promoviendo los derechos de comunidades afrodescendientes e indígenas.

No obstante, el organismo señaló que la violencia derivada de los conflictos armados sigue impactando gravemente a defensores de derechos humanos, líderes sociales, mujeres, niños, adolescentes y comunidades campesinas.

“(...) la violencia de los conflictos armados continuó impactando gravemente a personas defensoras de derechos humanos, líderes sociales, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas, mujeres, niñas, niños y adolescentes. Además, la falta de consensos políticos dificultó la implementación de estrategias para transformar las regiones más afectadas por el conflicto y la ausencia estatal”, detalló el documento

Asimismo, indicó que la expansión de grupos armados como el Clan del Golfo, que ha incrementado su control territorial y actividades ilegales, representa un reto para la seguridad y la democracia en el país.

“En 2024, la violencia continuó afectando a personas con liderazgo social y comunidades vulnerables, y la falta de una hoja de ruta clara en las negociaciones complicó los esfuerzos de pacificación”, añadió el documento.

En cuanto a la institucionalidad democrática, el informe resalta la adopción de un enfoque integral que abarca la defensa de “la diversidad, la igualdad, la justicia, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, el fortalecimiento del Estado Social de Derecho y garantizar la vigencia de los derechos humanos”.

El documento también menciona la entrada en vigor de la Política Pública y el Plan de Acción Permanente para desmantelar conductas criminales y organizaciones que atentan contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales y políticos, así como contra quienes participan en la implementación de los Acuerdos de Paz.

A pesar de estas medidas, los niveles de violencia en el país permanecen elevados. Hasta noviembre de 2024, se emitieron 26 Alertas Tempranas en 24 departamentos, 123 municipios y 15 áreas no municipalizadas, relacionadas con violaciones a los derechos humanos vinculadas a grupos armados, narcotráfico, minería ilegal y deforestación.

Entre tanto, en lo que respecta a memoria, verdad y justicia, la Cidh señaló la sanción de la reforma a la Ley de Víctimas (Ley 1448 de 2011), que amplió la definición de víctimas para incluir a agentes de la fuerza pública, víctimas en el exterior y familiares de las víctimas directas.

Además, se resaltaron los avances de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el procesamiento del macro caso 07, que resultó en la imputación de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra contra seis antiguos comandantes de las extintas Farc-EP. Estos crímenes incluyen el reclutamiento forzado de al menos 18.677 niñas, niños y adolescentes entre 1971 y 2016.

La Cidh denunció la persistencia de prácticas como la destitución e inhabilitación de funcionarios elegidos popularmente por la Procuraduría General de la Nación (PGN). Durante 2024, esta entidad sancionó a 72 autoridades locales y nacionales, entre ellas 14 alcaldes, 7 gobernadores y un congresista.

Mencionó que el Estado reafirmó su compromiso ambiental al ratificar el Acuerdo de Escazú, tras la aprobación por la Corte Constitucional de la Ley 2273 de 2022, el 28 de agosto de 2024.

En el ámbito legislativo, resaltó que el Senado aprobó la Ley 297/2024, que prohíbe el matrimonio infantil, las uniones maritales de hecho y las uniones tempranas. Además, el Ejecutivo lanzó el Plan de Acción Nacional de Mujeres, Paz y Seguridad, una estrategia diseñada para apoyar a mujeres víctimas del conflicto armado e integrarlas en procesos de resolución de conflictos.

Finalmente, la violencia de género se mantuvo como uno de los problemas más graves. Según la Fiscalía General de la Nación (FGN), en los primeros nueve meses de 2024 se registraron 474 feminicidios, mientras que organizaciones civiles reportaron 671 casos.

La PGN contabilizó 198 feminicidios hasta noviembre. Además, se presentaron 74.695 denuncias por violencia intrafamiliar, principalmente contra mujeres, y 21.012 por delitos sexuales. La mayoría de los feminicidios fueron perpetrados por parejas o exparejas de las víctimas.