El presidente de la República, Gustavo Petro, reveló que tuvo un encuentro con el registrador Nacional, Hernán Penagos, para abordar la financiación de la consulta popular, una propuesta que se encuentra en discusión en el Senado.
En su cuenta de X, el mandatario aseguró que en el encuentro con el funcionario manifestó la forma en la que se financiará este mecanismo de participación ciudadana, toda vez que sea avalada por mayorías en el legislativo, esto luego de que Penagos advirtiera que esta consulta tendría un costo aproximado de 750.000 millones de pesos.
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“Con la figura de vigencias futuras y el desplazamiento de partidas, ya aprobadas en el presupuesto actual. No hay ningún problema para realizar la consulta popular”, escribió el jefe de Estado en las redes sociales.
Así mismo, el presidente mencionó que “hay quienes con una pobreza mental enorme, dicen que el gasto de la consulta no se debe hacer, y, por tanto, no se debe efectuar la consulta, porque no estamos bien fiscalmente”.
Adicionalmente, Petro calificó este hecho como una “barbaridad”, y explicó que, a su juicio, los resultados que podría generar la consulta popular son superiores a la financiación del mismo.
“Las ganancias sociales en términos de tiempo libre familiar, que disminuye de facto la inseguridad ciudadana, el crecimiento del amor y la felicidad, el menor estrés, el crecimiento sustancial en productividad, el crecimiento del mercado interno, el crecimiento de ganancias empresariales por crecimiento del mercado interno, el aumento de exportaciones por mayor productividad, etc., representa una cifra, en el tiempo, un millón de veces superior, al costo presupuestal de la consulta popular en los próximos meses”, concluyó.
Advertencias del registrador sobre la consulta popular
La reunión entre el presidente Gustavo Petro y el registrador nacional Hernán Penagos se desarrolló luego de que el funcionario, durante la sesión de la Comisión de Vigilancia al Organismo Electoral en el Congreso de la República, revelara detalles sobre el posible costo y la fecha en la que se realizaría esta jornada electoral.
En cuanto al primer aspecto, Penagos aseguró que el costo de la consulta popular estaría alrededor de los 750.000 millones de pesos, cifra que, para el directivo, es similar a los montos establecidos para las consultas interpartidistas que se desarrollarán en el mes de octubre.
“El costo de una consulta interpartidista, que es el 26 de octubre, está por el orden de los 700.000-750.000 millones de pesos, más o menos una cifra semejante al costo de la consulta popular. Es una consulta en las que hay que llamar a los 40 millones de personas, voten 3 o voten 4 millones, hay que preparar logística para los 40 millones de ciudadanos”, indicó.
Penagos sostuvo que si el Senado da luz verde a la consulta en mayo de 2025, esta tendría lugar a finales de agosto o principios de septiembre del mismo año. Además, el registrador subrayó que la consulta deberá realizarse en una fecha distinta a cualquier otro proceso electoral para evitar interferencias.
“Si se aprueba la consulta o transita de manera favorable por parte del Senado, tendrá que fijarse una fecha dentro de los tres meses siguientes a la fecha de la decisión por parte del Senado y tendrá que ser en una fecha diferente a cualquier otro proceso electoral”, declaró Penagos.
La consulta popular es una iniciativa impulsada por el gobierno de Gustavo Petro como parte de su agenda política, y su aprobación depende del debate y la decisión del Senado. El proceso busca involucrar a la ciudadanía en decisiones clave, aunque su implementación requiere una planificación cuidadosa y recursos significativos. Según lo expuesto por Penagos, el organismo electoral ya está preparado para coordinar los aspectos técnicos y logísticos necesarios, siempre que se reciba el aval legislativo.
La discusión en el Senado será crucial para determinar el futuro de esta consulta, que representa un esfuerzo por fortalecer la participación democrática en el país. Mientras tanto, el registrador nacional ha dejado claro que el organismo electoral está listo para actuar en caso de que se apruebe la propuesta, garantizando que se cumplan los plazos y las condiciones establecidas por la ley.
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