
La consulta popular con la que el presidente Gustavo Petro busca tener otra oportunidad para implementar la reforma laboral que se hundió en la Comisión Séptima del Senado no gusta en algunos sectores políticos. Entre las razones por las que rechazan la consulta está el hecho de que consideran inconveniente la iniciativa archivada en el Congreso, puesto que el Banco de la República informó que su implementación daría como resultado la pérdida de miles de empleos en Colombia,
Otro de los argumentos de la oposición para no dar su visto bueno a la consulta es el costo elevado que tendría su realización. De acuerdo con el registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, para poder llevar a cabo el mecanismo de participación ciudadana, es necesario invertir $700.000 millones.
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“Si me pregunta por el costo de una consulta interpartidista, que es el 26 de octubre, está por el orden de los 700, 750.000 millones de pesos. Más o menos una cifra semejante al costo de la consulta popular”, detalló el registrador en declaraciones públicas.

El alto costo está justificado en la amplia convocatoria que se debe hacer: hay que llamar a 40 millones de personas para que voten. Pese a que es probable que no todos los ciudadanos participen, es necesario hacer toda la logística para brindar garantías a la totalidad de la población.
En todo caso, afirmó que la Registraduría busca reducir gastos tanto como sea posible, sin descuidar el trabajo de proteger los comicios en su transparencia. “Hablé con Luz Adriana Camargo, la fiscal general, para activar la Comisión de Política Criminal Electoral y la Comisión de Seguimiento a los Delitos Electorales para poder actuar rápido y con el suficiente tiempo para temas como, por ejemplo, la trashumancia o popularmente conocido como el trasteo de votos”, explicó el funcionario.
La crítica de María Fernanda Cabal: un “despilfarro”

La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal se pronunció tras la revelación de la millonaria cifra que costaría hacer la consulta popular, asegurando que la iniciativa del Gobierno nacional no está justificada y constituiría un mal uso de los recursos públicos. El gasto contrastaría con la grave situación económica en la que se encuentra el país, sobre todo, el sector de la salud.
Ciudadanos y profesionales de la salud han denunciado trabas para acceder a citas médicas, procedimientos, exámenes y medicamentos. “Despilfarrar $700 mil millones de pesos en una consulta populista, mientras millones de colombianos claman por salud, medicamentos, educación y vivienda digna, es una verdadera canallada del petrismo”, aseveró la congresista que aspira a la Presidencia de Colombia.
De igual manera, afirmó que la reforma laboral que impulsa el Gobierno, y que alcanzó a ser aprobada en la Cámara de Representantes, afectaría gravemente a las micro, pequeñas y medianas empresas del país, que son las que generan el 94% de los empleos en el territorio nacional. Más de $600.000 puestos de trabajo se perderían por el incremento de los costos laborales. “¡Basta de mentiras y de jugar con el futuro del país!”, añadió.

Así las cosas, en otra publicación, la congresista informó que votará “No” a la consulta popular en el Senado, que deberá definir si es conveniente convocarla para que la ciudadanía vote. Según precisó, oponerse a ella es una manera de defender el trabajo y la economía de la población.
No obstante, de acuerdo con el representante a la Cámara Agmeth Escaf, el mecanismo de participación ayudará a que los colombianos gocen de la dignificación del trabajo.
“El descaro no tiene límites. Ahora vienen a decir que la consulta popular ya destruye el empleo, cuando lo que hace es dignificar a quienes hoy tienen como esclavos en pleno siglo XXI. Les fastidia reconocer derechos, pagar lo justo, dar estabilidad”, escribió, en respuesta a la precandidata presidencial.

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