Cómo denunciar un caso de abuso sexual infantil en Colombia: esta es la ruta para ser atendidos

En medio de la indignación nacional generada por el caso de abuso sexual contra varios niños en el Hogar Infantil Canadá, sede F, ubicado en la localidad de San Cristóbal (Bogotá), vuelve a cobrar relevancia la necesidad de conocer con precisión cuál es el procedimiento que deben seguir los ciudadanos cuando sospechan que un menor de edad puede estar siendo víctima de un delito de naturaleza sexual.

La importancia de actuar con celeridad, responsabilidad y bajo la ley se convierte en una urgencia para garantizar la protección efectiva de los derechos de la infancia y la adolescencia.

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Este tipo de delitos, que en Colombia suman cerca de medio centenar de reportes diarios, según cifras de entidades oficiales, suelen cometerse en escenarios privados, dentro de los hogares, instituciones educativas o espacios en donde los menores deberían estar seguros.

Ante esta situación, conocer la ruta formal para interponer una denuncia por abuso sexual infantil resulta fundamental tanto para familiares como para ciudadanos que detecten comportamientos sospechosos o señales de alerta.

Los especialistas en psicología forense recomiendan prestar atención a cualquier señal inusual en el comportamiento de un menor. Cambios repentinos en su actitud, manifestaciones de incomodidad, quejas o rechazo hacia determinados lugares o personas pueden ser indicios de que podría estar ocurriendo una situación irregular que requiere ser observada con cuidado, de acuerdo con la Alcaldía de Bogotá.

Esta recomendación es clave para iniciar cualquier proceso de denuncia, ya que el reconocimiento temprano de posibles señales puede evitar que el abuso continúe o se agrave.

Una vez se detectan estas señales, el paso siguiente es reportar el caso a la Fiscalía General de la Nación. Este reporte puede realizarse a través de diferentes canales habilitados para la ciudadanía: llamando a la línea 122, accediendo al sitio web oficial www.fiscalia.gov.co, o acudiendo de forma presencial a cualquiera de las sedes dispuestas en los 32 departamentos del país. De igual manera, se puede acudir a la Policía Nacional o a los Centros de Atención e Investigación Integral a las Víctimas de Delitos Sexuales.

Existen también otras líneas habilitadas que permiten realizar la denuncia o recibir orientación profesional. Entre ellas se encuentra la Línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), que además de canalizar la denuncia, ofrece asesoría especializada. Asimismo, la línea 155, administrada por la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer, está habilitada para atender casos relacionados con violencia sexual.

A nivel territorial, las personas también pueden dirigirse a las Salas de Atención al Usuario (SAU), las Unidades de Reacción Inmediata (URI) o a las Casas de Justicia. Otra alternativa es acudir directamente a un centro médico, donde se puede recibir atención integral en salud. En estos espacios, los profesionales de la salud están obligados por ley a reportar el caso a las autoridades competentes si identifican signos de violencia sexual.

Durante el proceso de denuncia, se solicitará que el denunciante realice una narración verbal o escrita de los comportamientos o hechos que considere constitutivos de delito. Esta información se radica en el Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa), y con esto se entrega un número de radicado que permite hacer seguimiento al caso. A partir de ese momento, la Fiscalía podrá ordenar la práctica de pruebas medicolegales y, si encuentra méritos, procederá con el proceso penal ante un juez.

El proceso judicial avanza bajo la dirección de la Fiscalía, que se encarga de recopilar evidencias y testimonios para sustentar la imputación al presunto responsable. Con base en las pruebas recabadas y el desarrollo del juicio, el juez será quien determine si la persona procesada es responsable o no del delito, y de ser hallada culpable, se emitirá la correspondiente condena.

Entre las preguntas más frecuentes frente a este tipo de trámites está la de si tiene algún costo o si se requiere abogado. La respuesta a ambas es negativa. Denunciar no tiene ningún costo y no se requiere contar con abogado particular, ya que el sistema de justicia penal puede asignar un defensor público de oficio que acompañe a la víctima y su familia durante todo el proceso.

Adicionalmente, existen disposiciones legales orientadas a evitar la revictimización de los menores y a agilizar los trámites judiciales. La Corte Constitucional, mediante la sentencia T-140, ordenó a las empresas e instituciones adoptar medidas de prevención y atención oportuna, estableciendo que deben eliminarse prácticas que puedan afectar emocional o psicológicamente a las víctimas durante los procesos.

En el ámbito educativo, la Ley 2365 contempla lineamientos para la prevención del abuso sexual en los colegios. Esta norma establece que las instituciones educativas deben contar con protocolos y manuales específicos que pueden ser solicitados por los padres de familia, quienes además tienen el derecho de activar lo que en la justicia se conoce como “código blanco”. Esta herramienta jurídica permite el despliegue de acciones inmediatas en caso de que un menor sea víctima de abuso en el entorno escolar.

El conocimiento y uso adecuado de esta ruta de denuncia no solo es un mecanismo para buscar justicia, sino una herramienta de prevención y protección. La articulación de las instituciones, la participación activa de la ciudadanía y el cumplimiento estricto de las normas son aspectos fundamentales para enfrentar un delito que, a pesar de su gravedad, muchas veces permanece silenciado por miedo, desconocimiento o estigmas sociales.