Luego de que se conociera el presunto caso de abuso sexual contra varios niños del hogar infantil Canadá sede F Villa Javier, en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá, las voces de rechazo e indignación no se han dejado de oír.
La aberrante situación se conoció públicamente en la tarde del lunes 5 de mayo de 2025, cuando algunas madres y padres de familia denunciaron que un profesor de la institución, identificado como Freddy Castellanos, habría realizado tocamientos indebidos a por lo menos 12 niños, pero, a pesar de haberlo entregado a las autoridades, fue liberado.
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Por ello, junto con la comunidad, se manifestaron en contra de la presunta falta de acción institucional, teniendo en cuenta que el jardín está adscrito al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), y de las autoridades al no garantizar su captura.
Ante el revuelo generado por el aberrante caso, Nadia Blel Scaff, senadora del Partido Conservador, informó que precisamente el Icbf, junto con la Policía Nacional, fueron citados a debate de control político, según ella, ante “la ausencia total de vigilancia, prevención y acción efectiva por parte del Estado y las autoridades competentes”.
La legisladora expresó su apoyo a los padres de familia que están viviendo dicha situación con sus hijos y enfatizó en que el Estado tiene el deber de brindar protección y asistencia a los menores de edad.
“Yo quiero hoy expresar mi solidaridad, especialmente con esos niños, con sus familias, y con sus madres. Yo creo que es un deber de todos, de las familias, de la sociedad, pero especialmente del Estado y sus instituciones brindarle protección y asistencia a todos los niños para que puedan crecer con todos sus derechos”, detalló la senadora.
A su vez, reveló que, según cifras oficiales, en el primer trimestre de 2025 se han registrado más de 2.400 alertas de violencia sexual.
“Voy a radicar un debate, una citación de control político, con el fin de que el Instituto Colombiano de Benestar Familiar y la Policía Nacional nos cuenten qué acciones han desplegado, no solamente en relación con esas leyes, con relación a la aplicación de ese registro, si no qué está haciendo desde el Estado, con el fin de que esas personas, que tienen el deber de garantizar el cuidado de nuestros niños, sean las personas idóneas”, añadió Blel Scaff.
La senadora hace referencia a la Ley 1918 de 2018, en la que se creó una herramienta de registro para que personas con antecedentes de delitos sexuales trabajen en espacios de relación directa con menores de edad. En este caso, el presunto agresor sexual no registraría antecedentes penales, al contrario, según El Tiempo, interpuso dos denuncias, una por robo y otra por lesiones personales.
“(...) debo decir que hemos evidenciado la falta de compromiso por parte de las autoridades y las entidades competentes para que esa herramienta, que tenía como propósito que esos espacios fueran entornos seguros, se cumplan”, anotó la senadora.
Cabe señalar que, el 7 de mayo, un juez penal dictó medida de aseguramiento contra Castellanos Velasco, acusado de los delitos de acceso carnal abusivo y actos sexuales agravados con menores de 14 años, cargos que no aceptó. Según las autoridades, el acusado se habría aprovechado de su posición como cuidador simulando juegos para cometer los delitos.
De la trayectoria laboral de Castellanos, se conocen empleos en instituciones educativas, como docente de danza en La Calera, coordinador en una fundación infantil en Bogotá y profesor en el Gimnasio Campestre Los Alpes, entre otros.
Los hechos por los que fue enviado a la cárcel ocurrieron entre marzo y abril, los cuales provocaron un cambio significativo en el comportamiento de dos niñas y un niño, lo que alertó a sus padres.
Las denuncias fueron respaldadas por valoraciones psicológicas de un equipo especializado, peritajes realizados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y pruebas presentadas ante las autoridades competentes.
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