María Alejandra Benavides, exasesora del exministro Ricardo Bonilla, fue imputada por la Fiscalía General de la Nación por corrupción en la Ungrd

Cerca de las 9:40 a. m. del jueves 8 de mayo inició la audiencia en el juzgado 56 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá, donde se le imputarán cargos a María Alejandra Benavides, que desempeñó un papel clave por ser la intermediaria del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, con el Congreso de la república.

De acuerdo con la información de la Fiscalía General de la Nación, el proceso está vinculado al presunto involucramiento de Benavides en un esquema de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungerd), en hechos ocurridos entre 2023 y 2024.

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Según la fiscal encargada del caso, María Cristina Patiño, el primer cargo imputado a Benavides es el de interés indebido en la celebración de contratos. Estos contratos habrían sido utilizados como una herramienta para garantizar votos favorables a los préstamos multimillonarios requeridos por el gobierno del presidente Gustavo Petro.

La fiscal explicó que Benavides habría recibido instrucciones directas del entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, para gestionar proyectos de interés de los legisladores, con el fin de asegurar su apoyo en votaciones clave.

El ente investigador también imputó a Benavides el delito de tráfico de influencias por parte de un servidor público. Según la investigación, la exfuncionaria habría intervenido en la asignación de tres contratos que, en conjunto, suman un valor de 92.000 millones de pesos.

Estos contratos estaban destinados a los municipios de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar (Bolívar).

De acuerdo con la fiscal del caso, María Patiño, en una reunión celebrada en diciembre de 2023, el exministro Bonilla instruyó a Benavides para que todas las gestiones relacionadas con los contratos fueran tramitadas a través de Olmedo López, quien en ese momento dirigía la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

López, a su vez, delegó estas tareas a Sneyder Pinilla, exdirector del Manejo de Desastres. Tanto López como Pinilla han admitido su participación en el esquema de corrupción y ahora son testigos clave en el proceso judicial.

La Fiscalía también señaló que las irregularidades ocurrieron en el marco de las relaciones entre la Ungrd, el Ministerio de Hacienda y la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.

Según el ente acusador, todos los involucrados, incluido el exministro Bonilla y su sucesor, el exministro Velasco, estaban al tanto de las actividades ilícitas. Sin embargo, los señalados han insistido en que sus actuaciones se ajustaron a la legalidad y que no hubo irregularidades entre julio de 2023 y marzo de 2024.

Durante la audiencia, la fiscal Patiño ofreció un contexto detallado sobre las acusaciones y los presuntos vínculos entre Benavides y los legisladores involucrados.

Según las declaraciones, la gestión de estos contratos habría sido parte de una estrategia más amplia para consolidar el apoyo político requerido por el Ejecutivo en el Congreso.

Durante la audiencia, la Contraloría General de la República, la representación de víctimas acreditadas en el caso (la Ungrd) y la jueza solicitaron a la Fiscalía aclarar si hubo apropiación de recursos públicos en el esquema denunciado. La respuesta fue categórica: “No hubo apropiación de recursos públicos”. Esta afirmación fue determinante para que la jueza considerara que la imputación estaba debidamente fundamentada.

Tras la imputación, la jueza explicó a Benavides que, al quedar formalmente vinculada a la investigación penal, tenía dos opciones: aceptar los cargos o negarlos. La exfuncionaria respondió que no aceptaba los cargos, argumentando que estaba en proceso de negociar un principio de oportunidad con la Fiscalía.

Por su parte, exasesora del Ricardo Bonilla vinculó a varios funcionarios, entre ellos a Luis Fernando Velasco, y a directivos del Instituto Nacional de Vías (Invías), como Juan José Oyuela.

En su testimonio, Benavides indicó que “el ministro Velasco también estaba sugiriendo que se buscara otro camino, y él también me estaba diciendo que era a través de la Unidad de Gestión de Riesgo”.

Según sus declaraciones, las demoras de Invías para cumplir con las directrices del ministro generaron presión sobre ella para que tomara medidas: “Él (Oyuela) respondía cuando podía y tenía reuniones”.

En los audios difundidos por la revista Semana, se escucha a Benavides describir el ambiente de presión y tensión entre los funcionarios del Ministerio de Hacienda para conseguir la aprobación de los créditos por parte del Congreso. Según sus palabras, el entonces ministro Ricardo Bonilla le expresó que “se le acababa el tiempo y que algo había que hacer”.

Benavides detalló su rol dentro de este proceso, explicando: “Yo era la que recibía la presión del Congreso y me decían: ‘no están saliendo, no los han contactado, no los han llamado, no se ha hecho nada, eso no va a ser en este año’. María Alejandra, hazlo, y yo le decía al ministro que yo lo hacía”.

También abordó la práctica de los “cupos indicativos”, que se otorgaban a cambio de apoyo en el Congreso: “Esos cupos indicativos se daban a cambio de créditos (inaudible), esos cupos eran para garantizar la gobernabilidad”, afirmó.