El conflicto por la financiación de la alimentación de personas privadas de la libertad en Villavicencio ha generado una respuesta contundente por parte del alcalde de dicha ciudad, Alexander Baquero.
Según el mandatario, el reciente decreto del Gobierno nacional, que transfiere la responsabilidad de este gasto a municipios y departamentos, podría tener un impacto devastador en las finanzas locales.
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“No hay plata para eso”, expresó Baquero durante una intervención pública, señalando que asumir este costo implicaría recortar recursos destinados a otros programas esenciales como la pavimentación de calles.
El decreto, que aplica desde el 1 de Julio, y que asigna a las administraciones locales la tarea de proveer alimentos para personas detenidas de manera transitoria en sitios como estaciones de Policía y unidades de reacción inmediata (URI), implica que, en el caso de Villavicencio, se necesitarían cerca de diez mil millones de pesos anuales para cubrir los gastos.
Para dimensionar la problemática, el alcalde ilustró: “En Villavicencio puede haber ochocientos, novecientos, a veces hasta mil detenidos o indiciados. Imagínense pagando ochocientos desayunos, ochocientos almuerzos, ochocientas cenas, ¿con plata de dónde?”
Asocapitales, entidad que reúne a las ciudades capitales de Colombia, ha sido utilizada como canal por Baquero para solicitar al Ministerio de Justicia una revisión al respecto. Según el alcalde, este cambio podría comprometer servicios públicos esenciales y frenar el desarrollo urbano de la ciudad.
El hacinamiento crónico en el sistema penitenciario colombiano agrava aún más la situación.
De 2023 a 2025 según cifras del Impec, la cárcel de Villavicencio albergaba a más de 1.300 personas privadas de la libertad, una cifra que superaba su capacidad en un alarmante 150% de sobreocupación.
Este problema estructural ha forzado el uso de espacios provisionales como las estaciones de Policía para alojar a los detenidos, lo que crea desafíos adicionales en términos de condiciones humanitarias y presupuestarias.
Alexander Baquero destacó que la única manera de liberar los fondos solicitados por el decreto sería dejar de financiar proyectos clave para la infraestructura y la calidad de vida de los habitantes.
Esta medida, agregó el alcalde , pone en tensión no solo las finanzas de Villavicencio, sino también la capacidad misma del municipio para afrontar adecuadamente sus responsabilidades básicas.
La situación crítica que atraviesa Villavicencio refleja una problemática mucho más profunda que afecta al sistema penitenciario colombiano en su conjunto.
El hacinamiento persistente y la escasez de recursos destinados a garantizar condiciones mínimas para la población reclusa se han convertido en una constante a nivel nacional.
En este contexto, lo que ocurre en la capital del Meta no es un hecho aislado, sino un síntoma de una crisis estructural que sigue agravándose.
Según lo han advertido las autoridades, la tendencia al alza en el número de personas privadas de la libertad no muestra señales de revertirse en el corto plazo. Esta realidad plantea serias dificultades para que los gobiernos municipales puedan asumir el mandato de atender adecuadamente a esta población, sin poner en riesgo la sostenibilidad financiera de sus territorios.
Según el alcalde, continuar trasladando esta carga presupuestal a las administraciones locales no solo desborda su capacidad fiscal, sino que también pone en riesgo el cumplimiento de otras obligaciones esenciales con la ciudadanía, como la inversión en salud, educación o infraestructura.
La advertencia no es menor: de persistir esta situación sin ajustes estructurales, las consecuencias podrían sentirse no solo en el plano financiero, sino también en la estabilidad institucional, tanto en lo local como en lo nacional. El llamado del mandatario se suma a las crecientes voces que exigen una reforma integral al sistema penitenciario colombiano, una deuda histórica que ya no admite más aplazamientos.
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