Gustavo Petro acusó a entidades del Estado de estar impidiendo que se cumpla el Acuerdo de Paz con las Farc: “Han guardado los procesos”

En una nueva aparición en sus canales de comunicación, en la noche del martes 6 de mayo de 2025, el presidente de la República, Gustavo Petro, denunció que diversas entidades del Estado están impidiendo la plena implementación del Acuerdo de Paz con las Farc: uno de los temas en los que ha sido enfático que llevará ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pues considera que el Estado -no su Gobierno- le ha incumplido a los firmantes de paz.

En sus declaraciones, durante la tercera sesión de la Comisión Intersectorial Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, que se llevó a cabo en la Casa de Nariño, Petro señaló que varios actores del aparato estatal, incluidos los jueces y el Congreso, están retrasando la ejecución de procesos clave, como la creación de una jurisdicción especial agraria y la aprobación de leyes fundamentales para la restitución de tierras a las víctimas del conflicto armado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En su intervención, Petro no dudó en señalar a los jueces como responsables del retraso de procesos judiciales clave, en especial, aquellos que debían tramitar casos bajo una jurisdicción especial agraria. “Los jueces no han tomado decisiones, sino guardado en los escritorios los procesos”, expresó el primer mandatario. Asimismo, reiteró que algunos de estos procesos siguen sin resolverse, lo que mantiene suspendidas iniciativas como la creación de una jurisdicción especial agraria que debió ser implementada desde hace tiempo.

Y en ese orden de ideas también hizo mención de un proyecto de ley pendiente de aprobación en el Congreso, el cual es vital para la implementación de los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Paz: la Jurisdicción Agraria y Rural. En este sentido, el presidente expresó su frustración al señalar que el Congreso “no lo está aprobando”, lo que constituye una violación a la declaración unilateral de Estado entregada por Colombia al Consejo de Seguridad de la ONU.

En reunión con algunos de sus funcionarios, entre ellos la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino; y el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, también reveló que su canciller, Álvaro Leyva, le había pedido que no expusiera públicamente esta situación; no obstante, Petro insistió en la necesidad de hablar con la verdad sobre los obstáculos que enfrenta el proceso de paz. “Hay que hablar con la verdad y hay que decirle al Consejo de Seguridad la verdad de lo que está pasando para bien, hemos logrado cosas, pero también para mal”, remarcó el primer mandatario.

A su vez, el jefe de Estado denunció que la falta de acción por parte de las instituciones “no es fortuita”, sino que responde a una oposición sistemática de sectores de la clase política que no desean que se cumpla el proceso de paz; al mencionar, entre otras, a la representante a la Cámara Katherine Miranda. “Están impidiendo que se cumpla la totalidad del acuerdo de paz con las Farc”, señaló Petro, al sugerir que existe un intento de sabotear el acuerdo; aunque aprovechó para repetir que, como presidente, ha sido “acorralado” por esa clase política que no quiere ver realizado el proceso de paz.

“Me critican porque yo hago esta denuncia y me dicen, pero usted es el Gobierno, ¿por qué no lo hace? Porque la ley no la hace el Gobierno, porque las decisiones judiciales no las hace el Gobierno”, explicó el gobernante, que agregó que, pese a que el Ejecutivo no puede hacer todo lo que implica el acuerdo, sí está luchando por su cumplimiento; a diferencia de otros mandatos, y de ciertos actores políticos que obstaculizarían los avances en la implementación del Acuerdo de Paz.

En sus declaraciones, el primer mandatario también lamentó que las movilizaciones del 1 de mayo no hayan contado con la participación activa del campesinado. Y dejó en claro que la reforma agraria debe ser concebida como un movimiento social, no solo como una decisión institucional; por lo que hizo un llamado enfático a Harman para que se tenga en claro que la reforma agraria no puede limitarse a un proceso burocrático, sino que debe involucrar directamente a los campesinos.

“Un millón de solicitantes de tierras tienen que saber que hay que salir a las calles”, refirió Petro, al mencionar que la movilización social es crucial para avanzar en los compromisos de la reforma agraria. Y mencionó que, durante su mandato, se han recibido miles de solicitudes de restitución de tierras, pero que aún existen grandes obstáculos para hacer efectiva la entrega de tierras a las víctimas del conflicto armado en el territorio nacional.

Otro de los temas que el presidente de la República abordó fue el despojo de tierras que ocurrió, de acuerdo con lo expresado, durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque Márquez. Según el gobernante, muchas de las tierras que fueron entregadas durante esas administraciones a víctimas de despojo paramilitar han terminado en manos de grupos ilegales, como los paramilitares del Clan del Golfo, narcotraficantes o testaferros.

“La tierra que entregaron durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez parece que se la robaron; sigue en manos de paramilitares, del Clan del Golfo, o de políticos o testaferros. Y en el gobierno de Iván Duque, no estoy diciendo que Duque, sino sus funcionarios, pues él no se daba mucho cuenta de su propio gobierno, le devolvieron la tierra que entregaron los paramilitares a los narcotraficantes. Por eso cuando vamos a haciendas las tenían testaferros”, expresó el presidente, en el sentido de decir que constituye una violación de los derechos de las víctimas.

Y puso como ejemplo la Hacienda Bella Cruz, ubicada en La Gloria, Cesar, que fue un centro de despojo paramilitar. “Cuando vamos a haciendas las tenían testaferros”, señaló el jefe de Estado, dando cuenta de cómo los paramilitares se apoderaron de tierras que debieron ser entregadas a las víctimas del conflicto armado.

Por último, dijo que uno de los mayores retos en lo que resta de su gestión es avanzar en la restitución de tierras a las víctimas del conflicto. En ese sentido, el presidente afirmó, entre otras, que actualmente existen 175,000 hectáreas que están a la espera de resoluciones judiciales. Además, mencionó que otras 6,5 millones de hectáreas serán destinadas para los pueblos indígenas, como parte de los esfuerzos por cumplir con los compromisos pactados.

“Los objetivos son: 3 millones de hectáreas en Reforma Agraria y 7 millones en titulación de tierras. El Gobierno ha logrado reunir, por diversos métodos, 569 mil hectáreas en el Fondo de Tierras, ahora propiedad de la Nación. Si comparamos esa cifra con la meta de 3 millones, ya representa cerca del 20% del total, una proporción significativa”, indicó Petro.

Y agregó que esta meta debía alcanzarse en el transcurso de cuatro gobiernos. “El gobierno Santos logró cero, hoy ya tenemos 569.000 hectáreas, una base importante que debemos seguir ampliando en lo que queda de este gobierno, y ojalá el próximo lo complete. Si el siguiente gobierno decide hacer trizas la paz, pondrá en riesgo la paz de Colombia”, sentenció.