42 años después judicializaron a 14 policías (r) por la desaparición de estudiantes del caso ‘Colectivo 82’

El martes 6 de mayo, la Fiscalía General de la Nación judicializó a 14 antiguos miembros de la Policía Nacional que son señalados de la desaparición forzada de 14 personas, en su mayoría estudiantes, que hace 42 años fue capturadas ilegalmente por supuestamente estar vinculados con el secuestro y asesinato de tres niños que eran hijos del narcotraficante José Jader Álvarez, dentro del caso que se conoció como ‘Colectivo 82‘.

Desde el ente acusador informaron que “un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos encontró méritos para emitir resolución de acusación” contra los uniformados retirados que estarían implicados en esos hechos que perpetraron entre marzo y septiembre de 1982, entre Gachalá (Cundinamarca) y Bogotá.

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Los policías (r) fueron cobijados también con medida de aseguramiento con privación de su libertad en sus viviendas por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada de ocho estudiantes universitarios y cinco ciudadanos más a los que vincularon con el crimen de los tres menores.

“Los acusados son el brigadier general en retiro Nacin Yanine Díaz, los oficiales en retiro Jorge Alipio Vanegas Torres, Ernesto Condia Garzón, Miguel Rodrigo Torrado Badillo, Jairo Otálora Durán y Luis Ángel Perdomo Perdomo; los suboficiales en retiro José Alirio Velásquez Garzón, Jaime Helí Colmenares Botero y Josué Rafael Cobos Silva; y los agentes en retiro Henry Espitia Díaz, Benedicto Lara, Adrián Villamizar Jaimes, José David Quesada y Jorge Eliécer Barbosa Sánchez”, señalaron en el organismo investigador.

De acuerdo con las expediente judicial, cuatro décadas atrás, los policías (r) formaban parte de la extinta División de Investigación, Policía Judicial y Estadística Criminal (Dipec) y actuaron en contubernio con el grupo armado ilegal grupo Muerte a Secuestradores (MAS) para detener ilegalmente a las víctimas y lograr el rescate de los hijos de José Jader Álvarez.

“Teniendo en cuenta que se trata de un delito de ejecución permanente, puesto que 42 años después de los hechos se desconoce el paradero de la mayoría de las víctimas, adicional a la acusación, el fiscal del caso dispuso la detención preventiva de los procesados para “evitar la continuación de la actividad delictual” ”, informaron en la Fiscalía.

Ocho de las víctimas en este caso eran estudiantes de la Universidad Nacional, que el año pasado les concedieron sus grados honoríficos, luego de que después de 40 años se desconozca su paradero, como dieron cuenta en un comunicado de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (Ubpd).

Se trata de Orlando García Villamizar, estudiante de Derecho, y su hermano, Edgar Helmut García Villamizar, que cursaba Sociología; Alfredo Rafael Sanjuán, de Arquitectura; Humberto Sanjuán y su hermano de Alfredo, estudiantes de Antropología; Rafael Guillermo Prado Useche, alumno de Derecho; Edilberto Joya Gómez, de la carrera de Ingeniería Mecánica; Pedro Pablo Silva Bejarano, estudiante de Enfermería; y Pedro Gustavo Campos Guevara, alumno de Ingeniería de Sistemas.

Junto a ellos fueron capturados y posteriormente desaparecidos el sastre Rodolfo Espitia, el mecánico Hernando Ospina Rincón y los campesinos Antonio Medina Londoño, Manuel Darío Acosta Rojas y Bernardo Helí Acosta Rojas.

Después de que se desconociera de su paradero, sus familiares iniciaron su búsqueda en hospitales y en la sede de Medicina Legal, sitios en los que fueron coincidiendo, lo que los llevó a organizarse para exigir su regreso y conformaron la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfades), recogieron en la Comisión de la Verdad.

“Seguimos el ejemplo de las Madres de la Plaza de mayo y portar la foto de ellos con la fecha de la desaparición todos los jueves en la marcha de los claveles blancos”, contó Mercedes Ruiz, cuñada de Hernando Ospina Rincón