En la noche del lunes 5 de mayo de 2025, la multinacional Canacol Energy confirmó varios ataques perpetrados en la zona rural de San Marcos, en el departamento de Sucre, contra un área destinada para la empresa.
Según reportó el medio local La Libertad, los incidentes incluyeron la quema de maquinaria perteneciente a la compañía, lo que ha afectado significativamente sus operaciones en la región, así como afectaciones económicas que, según estimaciones de la compañía de origen canadiense, superan los ocho millones de dólares.
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En videos publicados en las redes sociales, se observan el momento en el que sujetos encapuchados ingresan al área de trabajo y ubican los vehículos de carga, donde posteriormente le rocían un líquido desconocido que produce el inicio de la conflagración. Posterior a ello, los sujetos emprenden la huida con rumbo desconocido.
De igual manera, en otro video se observa el momento en que los mismos encapuchados sostienen un enfrentamiento con miembros de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo, antiguo Escuadrón Móvil Antidisturbios - Esmad) en inmediaciones al centro de operaciones de Canacol Energy en San Marcos (Sucre).
Aunque las autoridades locales no han identificado a los responsables de los ataques, primeras versiones apuntan a que este caso tendría relación con varios bloqueos realizados por supuestos líderes de comunidades indígenas de la zona que estarían presionando a la compañía que cumplen con las licencias ambientales para su operación.
Sin embargo, residentes cercanos al proyecto expresaron a medios locales que, más allá de cualquier bloqueo pacífico, obedece a una disputa entre la compañía y un supuesto líder comunal que, al parecer, ha venido extorsionando a delegados de la empresa para que suspendan su operación en el territorio.
La razón de la protesta en Sucre
La protesta contra la compañía multinacional se origina en 2024, cuando miembros de una comunidad indígena de San Marcos, Sucre, han venido cuestionando las actividades de exploración de gas que la empresa canadiense pretende realizar en el sector de Montegrande, zona rural del municipio colombiano.
En declaraciones al medio local Burbuja Política, los manifestantes advirtieron que el proyecto amenaza su economía, basada principalmente en la producción de panela derivada del cultivo de caña de azúcar, y advierten sobre el impacto ambiental en una región que consideran una reserva hídrica clave.
Además, critican la falta de consulta previa, un derecho reconocido en Colombia para las comunidades que podrían verse afectadas por proyectos de este tipo.
Sin embargo, la presencia de uniformados ha sido motivo de controversia, ya que, según mencionaron al medio citado, el despliegue de la Policía Nacional a esta zona del país refuerza la percepción de que el Estado prioriza los intereses de las empresas sobre los de las comunidades locales.
Compañía multinacional defiende proyecto de gas
A principios de abril de 2025, Canacol Energy denunció que los bloqueos contra el proyecto se debe a una protesta liderada por Darinel Arrieta Madarriaga, miembro del Cabildo Indígena Monte Grande que, según la empresa, estaría actuando sin el respaldo institucional de su comunidad.
Pese a que la compañía canadiense ha manifestado que el proyecto Sucre Norte cuenta con el aval formal del cabildo indígena, considera que las acciones de bloqueo responden a decisiones individuales del supuesto líder indígena y no reflejan la voluntad colectiva de la comunidad. La compañía también señaló que las vías de hecho se originaron tras exigencias económicas que, según ellos, carecen de sustento legal.
La denuncia de Canacol Energy incluye una acusación directa contra Arrieta Madarriaga que, de acuerdo con un comunicado expuesto por la empresa, habría solicitado el pago de un millón de dólares estadounidenses, es decir, 4.100 millones de pesos colombianos, como condición para levantar el bloqueo. Este monto, según la compañía multinacional, estaba destinado al beneficio personal del líder indígena y no a la comunidad que representa.
Por ello, Canacol Energy presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, solicitando la imputación de cargos contra Arrieta Madarriaga por los delitos de extorsión, fraude a resolución judicial y violación a la libertad de trabajo. La empresa subrayó que estas acciones legales buscan proteger sus operaciones y garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes en el país.
La situación en San Marcos sigue siendo monitoreada, mientras se espera que las autoridades locales y nacionales tomen acciones para esclarecer los hechos y evitar que se repitan incidentes de esta naturaleza.
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