La Procuraduría General de la Nación convocó a una reunión este martes con representantes de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y de la empresa Air-e, con el fin de revisar el avance del proceso de intervención de la compañía encargada del servicio de energía en la región Caribe.
El encuentro se centrará en las dificultades que enfrenta Air-e para cumplir con la distribución de energía en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, así como en la falta de información completa sobre los aspectos financieros de la operación bajo intervención estatal. La agente especial de la empresa, Diana Bustamante, fue citada junto a la autoridad reguladora para entregar datos solicitados previamente por el ente de control.
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En abril, la Procuraduría había requerido un informe detallado sobre la situación financiera de Air-e, incluyendo el estado de las deudas acumuladas, las obligaciones derivadas de la opción tarifaria, los subsidios involucrados y las relaciones con acreedores.
Sin embargo, la entidad manifestó que aún no ha recibido todos los documentos requeridos. Según un comunicado oficial, “aunque la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios respondió el 8 de abril de 2025, aún no se ha recibido la información completa relacionada con las competencias del Agente Especial”.
La Procuraduría ha expresado que esta falta de datos obstaculiza las tareas de supervisión que le competen dentro del proceso de intervención. Así lo afirmó la Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, quien indicó que “la falta de información y la documentación incompleta dificultan el ejercicio adecuado de la vigilancia preventiva, lo que pone en riesgo la transparencia y la eficacia del proceso de intervención”.
El organismo de control reiteró la importancia de contar con datos precisos y actualizados sobre el comportamiento financiero de la compañía intervenida. Entre los puntos específicos que requiere la Procuraduría se encuentran el monto total de las deudas acumuladas antes de la intervención, las obligaciones generadas posteriormente, los nombres de los acreedores, y las estrategias actuales y futuras para manejar esos compromisos financieros.
“La necesidad de recibir detalles precisos sobre las deudas de la empresa, tanto antes como después de la intervención, las acciones realizadas y proyectadas para gestionar las deudas, la información sobre los acreedores y las deudas generadas tras la intervención, entre otros aspectos clave”, reiteró la Procuraduría en un pronunciamiento emitido este lunes.
El caso de Air-e ha sido objeto de seguimiento por parte de diversas entidades públicas desde que fue intervenida para garantizar la prestación del servicio de energía en una de las zonas más críticas del país en términos de cobertura y estabilidad. La situación financiera de la compañía, especialmente su relación con las generadoras eléctricas y el cumplimiento de pagos bajo la figura de la opción tarifaria, sigue siendo un asunto prioritario en el monitoreo institucional.
Con esta reunión, la Procuraduría busca avanzar en la obtención de información que permita evaluar con mayor claridad el impacto de la intervención y la sostenibilidad de las medidas adoptadas por la agente especial y la Superintendencia.
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