En medio de una creciente preocupación nacional por la estabilidad de los servicios públicos domiciliarios, la Procuraduría General de la Nación lanzó una seria advertencia sobre el posible colapso financiero del sector energético en Colombia, advirtiendo consecuencias directas para millones de hogares de los estratos 1, 2 y 3.
El Ministerio Público se pronunció durante una audiencia pública organizada por el Tribunal de Cundinamarca, donde se expusieron cifras alarmantes sobre el incumplimiento del Estado en los pagos de los subsidios destinados a garantizar el acceso a energía y gas para las familias más vulnerables del país.
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“Es fundamental que se garantice la disponibilidad de recursos para cubrir los subsidios a los servicios públicos esenciales, actuando con rapidez y coordinación. La falta de estos recursos podría generar una crisis financiera en el sector, afectando la calidad de vida de los ciudadanos más vulnerables”, señaló la Procuraduría con tono enfático, exigiendo al Gobierno acciones concretas e inmediatas.
El llamado no se quedó solo en el discurso. La entidad también solicitó al Tribunal que exija un informe detallado sobre los pagos realizados, los montos pendientes y el flujo de recursos disponibles. La delegada para Asuntos Ambientales, Mineroenergéticos y Agrarios hizo énfasis en la necesidad de contar con información clara y oportuna para garantizar transparencia en el manejo de estos recursos públicos.
La deuda estatal acumulada con las empresas comercializadoras de energía y gas, que ya supera los $1,9 billones reconocidos oficialmente, se convirtió en un factor de enorme tensión. Según cifras presentadas por la Contraloría y el Comité Intergremial, el déficit total alcanzó los $2,7 billones al cierre de 2024 y sigue en aumento durante 2025.
Este desfase pone en riesgo la continuidad del servicio y podría desatar una tormenta social, las empresas advierten que, de continuar la falta de giros del Gobierno, podrían verse obligadas a cortar el suministro, incluso a quienes dependen de estos subsidios. También se prevé un posible incremento de hasta el 150% en las tarifas, lo que golpearía aún más a los sectores populares.
La gravedad del asunto quedó en evidencia no solo por la falta de pagos, también por la falta de coordinación entre los responsables de resolver el problema. Las entidades involucradas, principalmente los ministerios de Hacienda y de Minas y Energía, no lograron establecer un mecanismo ágil y efectivo para atender la emergencia. Lejos de trabajar en conjunto, lo que se vio hasta ahora es una preocupante falta de claridad y un cruce de responsabilidades que frenó las decisiones urgentes.
En este contexto, las compañías encargadas de prestar los servicios aseguran que están al límite financiero, y muchas advierten que podrían verse obligadas a cesar sus operaciones si el Estado no cumple con los compromisos asumidos. La sostenibilidad del sistema está en juego, y la incertidumbre crece entre los operadores del sector.
Lo que comenzó como una demora en los desembolsos se convirtió en una amenaza directa para millones de colombianos que dependen de estos subsidios para poder prender una bombilla o cocinar con gas. La situación, de no resolverse pronto, podría escalar a una crisis humanitaria, especialmente en zonas apartadas y con altos índices de pobreza. Las consecuencias también podrían impactar negativamente en la economía local, afectando el comercio, la educación y la atención en centros de salud que requieren suministro eléctrico constante.
El país observa con creciente inquietud mientras el conflicto avanza sin soluciones reales. De fondo, la falta de planificación estructural y la ausencia de una respuesta decidida del Ejecutivo comprometen no solo el bienestar de las familias, sino la credibilidad del Estado frente a uno de sus deberes más esenciales, garantizar servicios públicos dignos, constantes y accesibles para todos.
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