El Catatumbo atraviesa la peor emergencia humanitaria registrada en Colombia: la Defensoría del Pueblo reveló impactante informe

La región del Catatumbo, en Norte de Santander, enfrenta actualmente la crisis humanitaria más grave desde que se tiene registro en Colombia, según un informe oficial de Iris Marín, la defensora del Pueblo.

Así lo revela el informe El Catatumbo después de la crisis: desafíos en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, presentado por la Defensoría del Pueblo el 6 de mayo de 2025.

De acuerdo con lo que informó la institución, esto ha sucedido como resultado del escalamiento del conflicto armado entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Farc, fundamentalmente.

El reporte informa que entre el 16 de enero y el 28 de abril de este año, 64.783 personas han sido desplazadas forzosamente, 12.913 están confinadas, se han registrado 117 homicidios y múltiples violaciones al derecho internacional humanitario.

Incluso, se detalló que el uso de drones explosivos, la instalación de minas antipersonal y ataques a comunidades indígenas hacen parte del alarmante panorama.

“La magnitud de esta emergencia supera por amplio margen las cifras nacionales de desplazamiento de todo 2024, cuando se contabilizaron 25.611 personas desplazadas en el país”, advirtió la entidad.

La Defensoría identificó tres escenarios de alto riesgo para la población civil en la región: la intensificación de la disputa territorial en municipios como Tibú y El Tarra, donde se emplean métodos de guerra no convencionales; la consolidación del control territorial del ELN en zonas como Ocaña, Convención y Sardinata; y la posible entrada del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) desde el sur del Cesar y el Magdalena Medio.

Además, el informe documenta el uso de armamento cerca de escuelas, violencia sexual y trata de personas, el reclutamiento forzado de menores —con 42 niñas, niños y adolescentes desvinculados solo entre enero y febrero— y ataques contra el pueblo indígena Barí, que enfrenta riesgo de exterminio físico y cultural.

“Violencia sexual, trata de personas y trabajo forzado, con al menos 62 mujeres denunciantes, y la existencia de “campos de resocialización” usados por grupos armados no estatales", fueron algunos de los hallazgos.

Incluso, de acuerdo con el texto oficial, la situación de las y los firmantes del Acuerdo de Paz también es crítica. De los 464 firmantes registrados en diciembre de 2024, solo 41 permanecen actualmente en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (Aetcr) Caño Indio.

Según el informe, 223 han sido desplazados, 172 están confinados, 18 han sido trasladados por razones de seguridad, seis han sido asesinados y dos están desaparecidos.

Por su parte, la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, hizo un fuerte llamado al Estado y a la comunidad internacional para que actúen de manera urgente y coordinada.

“Estamos convencidos de que, si actuamos de manera coordinada y positiva entre todas las instituciones del Estado [...] podemos empezar a reversar esta situación. Tenemos oportunidades y obligaciones como autoridades”, señaló.

Entre las recomendaciones destacadas del informe se incluyen, como textualmente figuran en el comunicado:

• La Unidad para las Víctimas debe avanzar en la caracterización de las víctimas, ubicación y necesidades de atención.
• Fortalecer la acción de la Fuerza Pública y garantizar el respeto integral del DIH y los DD. HH.
• Reforzar rutas de protección para firmantes e implementar medidas de protección efectivas para lideresas y líderes sociales.
• Fortalecer entornos escolares, poner en marcha medidas para garantizar la permanencia escolar de desplazados e implementar planes de protección para docentes.
• Formular planes integrales de retorno y reubicación bajo los principios de dignidad y sostenibilidad y asegurando las condiciones de seguridad.
• Aclarar la finalidad de la zona de ubicación temporal (ZUT) de los integrantes del F33 del Bloque Magdalena Medio del Estado Mayor de las extintas Farc, e identificar los riesgos para las comunidades y liderazgos sociales.
• Funcionarios del alto gobierno deben retractarse por las declaraciones que estigmatizan a organizaciones sociales y servidores(as) públicos.
• Implementar el Decreto 137 de 2025 y medidas de protección para líderes y lideresas sociales y personas defensoras de DD. HH. en riesgo.
• Formalizar e implementar efectivamente el Pacto Social del Catatumbo, alineado con el Plan Nacional de Desarrollo.
• Implementar medidas de protección y prevención frente al reclutamiento forzado de niñas, niños, jóvenes y adolescentes indígenas.
• Educación en riesgo contra minas y desminado.
• Rutas de protección, asistencia, denuncia y judicialización en casos de trata de personas.
• Apoyo a la Fiscalía General de la Nación en el marco de labores de investigación, con miras a la judicialización de los responsables por los hechos ocurridos.
• Garantías para las y los firmantes de paz, rutas de protección integral con enfoque diferencial y territorial.

La Defensoría exhortó a todos los actores del Estado, organizaciones sociales y organismos internacionales a redoblar los esfuerzos para evitar que esta crisis se profundice y garantizar los derechos fundamentales de quienes habitan el Catatumbo.