Aumentan las estafas digitales: delincuentes usan falsas citaciones judiciales para engañar a la ciudadanía

La Secretaría Distrital de Seguridad advirtió sobre un preocupante aumento en los casos de estafas digitales, en los que ciberdelincuentes utilizan correos electrónicos fraudulentos para engañar a los ciudadanos. Según informó la entidad, estos mensajes suelen incluir logos de instituciones judiciales y dominios que aparentan ser legítimos, con el objetivo de generar confianza en las víctimas.

Además, la entidad distrital agregó que en muchos casos, los correos contienen archivos adjuntos que, al ser descargados, infectan los dispositivos y permiten a los atacantes acceder de manera remota a información personal y financiera.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

De acuerdo con datos del programa de Asistencia Integral a la Denuncia (Aide) de la Secretaría de Seguridad, el 60% de los casos de estafa atendidos por este programa se han llevado a cabo a través de medios digitales.

Por su parte, el secretario de la entidad de Seguridad, César Restrepo, enfatizó la importancia de verificar la procedencia de los mensajes antes de interactuar con ellos. “Hacemos un llamado a la ciudadanía a no descargar este tipo de archivos con dominios desconocidos y a verificar siempre de dónde provienen esos mensajes, pues las entidades judiciales siempre van a tener un dominio reconocido”.

Entre las recomendaciones emitidas por la Secretaría para evitar caer en este tipo de fraudes, se destaca la necesidad de confirmar que los correos enviados por entidades estatales provengan de dominios oficiales, como por ejemplo @policia.gov.co.

Además, los mensajes relacionados con citaciones judiciales o procesos tributarios deben incluir información específica del destinatario, como su nombre completo y número de cédula. También se instó a no descargar archivos adjuntos de correos sospechosos, ya que estos suelen ser el medio principal para infectar los dispositivos.

“Los correos con citaciones judiciales o procesos tributarios deben contar con información directa de la persona a la que va dirigido el mensaje. Este debe incluir el nombre y el número de cédula del destinatario”, aclaró la Secretaría de Seguridad.

Para quienes hayan sido víctimas de este tipo de delitos, la secretaría proporcionó varias opciones para realizar denuncias. Una de ellas es la plataforma virtual ‘Adenunciar’ de la Policía Nacional, accesible a través del enlace https://adenunciar.policia.gov.co/Adenunciar/.

En esta plataforma, los usuarios deben seleccionar la opción de ‘Extorsión’ y completar un formulario con los detalles del caso. El proceso de validación de la denuncia puede tardar hasta 24 horas. En situaciones que requieran atención inmediata, se recomienda comunicarse con la línea gratuita 165, donde un investigador del Gaula atenderá el caso.

Otra alternativa es la plataforma Sicecon de la Fiscalía General de la Nación, disponible en https://sicecon.fiscalia.gov.co/denuncia/LlenarFormulario. Este sistema solicita información detallada del denunciante, como tipo y número de documento, nombres completos, lugar de origen, datos de contacto y otros detalles relevantes. También es posible enviar la denuncia por correo electrónico a la dirección ges.documentalpqrs@fiscalia.gov.co.

Por su parte, la Secretaría Distrital de Seguridad y la Policía Nacional aclararon las diferencias entre los delitos relacionados con este tipo de situaciones. Por ejemplo, si una persona es obligada a realizar un acto sin que exista un interés económico, se trata de constreñimiento ilegal.

Si el objetivo es causar alarma o miedo, el delito es amenaza. En casos donde se exige dinero para liberar a alguien retenido, se configura el delito de secuestro extorsivo. Por último, si se utilizan engaños para obtener beneficios económicos, se trata de estafa.

Finalmente, la dependencia reiteró en la importancia de que los ciudadanos estén atentos a los detalles de los correos electrónicos que reciben y utilicen los canales oficiales para denunciar cualquier actividad sospechosa. Estas medidas buscan proteger a la población de los crecientes riesgos asociados con los delitos cibernéticos y garantizar que las autoridades puedan actuar de manera efectiva frente a estas amenazas.