Amnistía Internacional señaló que Colombia sigue enfrentando los mismos problemas de derechos humanos del pasado: “No se está protegiendo a la sociedad”

Amnistía Internacional ha alertado sobre la continuidad de los graves problemas de derechos humanos que han afectado a Colombia en los últimos años, destacando que en 2024 el país sigue enfrentando una grave crisis en esta materia.

En entrevista con Semana, Camilo Vargas Betancourt, encargado de campañas para Colombia en la oficina regional para las Américas de Amnistía Internacional, aseguró que no se ha producido un cambio significativo en comparación con años anteriores.

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“El problema es que en 2024 se siguieron repitiendo los graves problemas del pasado”, afirmó en una entrevista con el citado medio.

Vargas destacó que las cifras de violaciones a los derechos humanos continúan en aumento, con un promedio alarmante de dos asesinatos semanales de defensores de derechos humanos en los últimos siete años.

“Colombia sigue siendo el país más peligroso del mundo para defender los derechos humanos”, señaló.

Entre las violaciones más preocupantes se encuentran los desplazamientos forzados, desapariciones forzadas, reclutamiento infantil y la violencia contra personas defensoras de los derechos humanos. A pesar de los esfuerzos por alcanzar la paz, incluidos los ceses al fuego y la política de ‘paz total’, Vargas precisó que los ataques contra la sociedad civil no han cesado.

“Al margen de esos esfuerzos de paz, en el fondo, se sigue afectando a la sociedad civil”, manifestó a Semana. Además, cuestionó la falta de protección efectiva para la población civil, tanto en tiempos de guerra como en los diálogos de paz.

“No se está protegiendo a la sociedad civil. Mientras el Gobierno está sentado en mesas de negociación con grupos armados, la sociedad civil sigue siendo atacada con extorsiones, amenazas, desplazamientos forzados y asesinatos”, afirmó al citado medio.

También señaló que las políticas de seguridad implementadas hasta el momento, como el suministro de chalecos antibalas y escoltas, son insuficientes. “Es necesario llevar al Estado a los territorios”, enfatizó.

Vargas también advirtió sobre la insuficiencia de las políticas públicas para atender el desplazamiento interno, a pesar de la creación en 2011 de una ley que reconoció a más de 8 millones de personas como desplazadas. A su juicio, la atención a esta población sigue siendo insuficiente, lo que refleja la necesidad de enfocar las políticas públicas de manera más efectiva, según Vargas.

En cuanto a las regiones más afectadas por la violencia, Vargas destacó que es necesario que el Estado llegue a zonas clave donde las organizaciones armadas han mantenido el control, como el Magdalena Medio, el sur del Chocó y el sur de Putumayo.

“Lo preocupante es que es media Colombia”, señaló. La presencia de actores armados y el control social en estas áreas sigue siendo una de las principales amenazas para los derechos humanos.

Aunque los niveles de violencia disminuyeron significativamente después de la firma del acuerdo de paz con las Farc en 2016, Vargas aseguró que desde 2018 el Estado no ha cumplido con su obligación de proteger a la población en los territorios más necesitados. “El Estado no ha hecho la tarea de estar presente en los territorios”, puntualizó.

La falta de cooperación internacional, especialmente la reducción de la ayuda de Estados Unidos, también fue mencionada por Vargas como un factor preocupante. Esta contracción en la cooperación, que ya venía ocurriendo antes de la administración de Donald Trump, ha tenido un impacto negativo en los programas de ayuda a las regiones afectadas por la violencia. “Es preocupante el impacto que esto pueda tener a corto plazo”, agregó.

Finalmente, Vargas lanza un mensaje claro al Gobierno colombiano: “Debe implementar políticas eficaces de protección a la sociedad civil, con especial énfasis a las personas defensoras de los derechos humanos”, destacó.

También hizo un llamado a la justicia para erradicar la impunidad que rodea la mayoría de las violaciones de derechos humanos, tanto por parte de grupos armados como de la Fuerza Pública. “Es grave que haya impunidad porque esto es una carta abierta para que se sigan cometiendo las violaciones”, concluyó.