“Mi jefe me dijo: ¿Qué quiere? Es eso o ir a buscar trabajo": funcionarios denuncian que los amenazaron para salir a marchar

El Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), una de las dependencias más estratégicas de la Casa de Nariño, atraviesa un periodo de reorganización interna marcado por tensiones laborales, denuncias de presiones indebidas a funcionarios y una reconfiguración de poder tras la salida de Laura Sarabia del círculo más cercano al presidente Gustavo Petro.

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El ambiente en el Dapre no es del todo armónico. Trabajadores de la entidad han expresado inconformidades relacionadas con presiones para participar en actos políticos.

Varios funcionarios denunciaron que fueron convocados, bajo advertencias sobre su estabilidad laboral, a asistir a marchas organizadas por el Ejecutivo y a portar camisetas alusivas al respaldo de la consulta ciudadana propuesta por el presidente. Algunos de ellos señalan que la misma situación se habría presentado en otras movilizaciones recientes.

El Colombiano reveló que tuvo acceso al testimonio de una funcionaria de la entidad cuya identidad es confidencial. Allí, hizo denuncias referentes a las mencionadas presiones.

“Mi jefe me dijo: ¿Qué quiere? Es eso o ir a buscar trabajo. Nosotros no queríamos salir porque no queremos hacer parte de esas peleas políticas, pero siempre que hay alguna manifestación nos dicen ese tipo de cosas que son amenazantes”, señaló.

Además, hay reportes de cambios contractuales abruptos que han afectado a parte del personal de planta y contratistas. Algunas fuentes internas aseguran que se han producido desvinculaciones de cerca de 30 funcionarios, muchos de los cuales llevaban años prestando servicios a diferentes gobiernos. En varios casos, afirman, se solicitó la renuncia voluntaria con la promesa de recontratación, pero con una reducción en las condiciones salariales. También mencionan que algunos procesos de reingreso se encuentran pendientes de estudios de seguridad, sin claridad sobre los tiempos ni los criterios aplicados.

El nuevo equipo de dirección, encabezado por Rodríguez y José Alexis Mahecha –actual director administrativo y financiero– ha sido percibido como cercano a Benedetti y al ministro Jaramillo, lo que ha profundizado divisiones internas en medio del distanciamiento político entre estos sectores y la exdirectora Sarabia.

En paralelo, la Cancillería también ha vivido episodios de tensión con el Dapre. La renuncia del vicecanciller Daniel Ávila, que residía en Washington, fue atribuida a dificultades logísticas relacionadas con la aprobación de comisiones de trabajo solicitadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta situación derivó en críticas hacia el manejo de los trámites por parte del Dapre, e incluso se evocaron prácticas similares atribuidas en su momento a Sarabia, que habría restringido autorizaciones para funcionarios que no compartían su línea política.

La manifestación del primero de mayo, donde Petro empleó una fuerte carga simbólica, dejó también señales políticas relevantes. En el evento no estuvieron presentes figuras antes claves en el círculo presidencial, como la primera dama Verónica Alcocer, la vicepresidenta Francia Márquez o el entonces director del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, que renunció recientemente a su cargo. Márquez, por su parte, apareció ese mismo día en Cali en compañía del exsenador, en lo que algunos interpretan como una toma de distancia frente a la actual estrategia del presidente.

Mientras las disputas de alto nivel continúan, los funcionarios del Dapre afectados por los cambios y presiones aseguran sentirse desconcertados ante la contradicción entre el discurso del Gobierno y la situación laboral que enfrentan dentro del Palacio. Algunos de ellos, con décadas de experiencia al servicio del Estado, expresan preocupación por lo que consideran una instrumentalización política de su trabajo y una precarización de sus condiciones laborales.

La situación refleja un momento complejo dentro del Ejecutivo, donde las pugnas internas y los movimientos estratégicos de poder conviven con una base administrativa que, según las denuncias, ha sido arrastrada a una dinámica que pone a prueba los principios de neutralidad y meritocracia que deben regir el servicio público.