Si se aprueban puntos laborales de la consulta popular, las Pyme tendrían que pagar $160 millones más al año, según Acopi

La propuesta de consulta popular presentada al Congreso está despertando la preocupación de empresarios y gremios, especialmente por el impacto económico podría tener para las empresas pequeñas y medianas del país, si se aprueban varios de los cambios propuestos.

De las 12 preguntas que plantea la consulta, al menos cinco implican nuevos costos laborales para las compañías, en línea con un análisis que publicó el medio especializado La República.

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La Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) hizo un cálculo de lo que costarían algunas de estas medidas. Por ejemplo, si se aplicaran cuatro de las preguntas propuestas, una empresa con 100 empleados tendría que asumir un costo adicional de casi 280 millones al año, que podría representar un incremento que pondría en riesgo la estabilidad de dicha organización.

Rodolfo Correa, presidente ejecutivo de Acopi, explicó en diálogo con el medio que el costo incluye medidas como: limitar la jornada laboral diurna a ocho horas entre 6:00 a. m. y 6:00 p. m., pagar un recargo del 100% por trabajar domingos o festivos, permitir licencias para tratamientos médicos o por menstruaciones incapacitantes, y contratar al menos dos personas con discapacidad por cada 100 trabajadores.

En ese sentido, comentó hacer un ejercicio estricto de la pregunta 5 de la reforma en todas las empresas costaría al menos 42 millones anuales, incluso contando con los beneficios tributarios.

Además, Correa comunicó que, por ejemplo, si se paga dos horas extra diarias al 30% de los empleados, incluyendo el recargo nocturno, el costo subiría $160 millones al año.

A esto se suman otros $78 millones por licencias e incapacidades de tres días para el 40% del personal, días que son pagados pero no productivos.

En consecuencia, según la fuente, este tipo de sobrecostos, especialmente en las medianas empresas, podrían poner en riesgo la viabilidad de muchas y representarían todo su margen de ganancia o incluso las obligarían a cerrar.

Mientras tanto, también consultado por el medio económico, Luis Fernando Mejía, que es el director de Fedesarrollo, alertó que la consulta podría tener efectos contrarios a los esperados por los que la impulsan.

Ya que los incentivos en favor de los trabajadores que plantea la iniciativa pueden significar un alto costo para el mundo empresarial, en lugar de promover el empleo y la inclusión, se podría desincentivar la contratación de jóvenes, mujeres y personas con discapacidad, por los costos adicionales.

Ante este escenario, la cabeza de Fedesarrollo estima que, si se implementan estas medidas, podrían perderse hasta 451.000 empleos formales. Además, aumentarían las barreras para las personas en formación, lo que incrementaría la informalidad laboral.

También se puntualizó que los micro establecimientos (comercios) serían los más afectados, pese a que no serían impactados por algunos de los puntos. No obstante, estas pequeñas unidades representan el 83% del tejido empresarial en Colombia, y una microempresa con tres empleados podría ver un aumento del 11,9% en su nómina mensual.

En últimas, Mejía recordó que la jornada laboral en Colombia ya está en proceso de reducción, y que un recargo actual del 25% por hora extra representa un aumento del 1,4% en el costo mensual. Para él, una verdadera reforma laboral debería centrarse en reducir el desempleo y la informalidad, que hoy superan el 57% en el país, según cifras oficiales.

Durante un acto de entrega de tierras en el sur del Cesar, el presidente Gustavo Petro volvió a referirse al Congreso y a la consulta popular sobre la reforma laboral, que está en manos del Senado hasta el final del mes de mayo del 2025.

Petro defendió sus declaraciones del Primero de mayo, que fueron interpretadas como una amenaza al Legislativo. Aclaró que no habló de revocatorias, sino de que el pueblo no votaría nuevamente por los congresistas que no respalden la consulta.

El mandatario también anunció que continuarán las movilizaciones ciudadanas mientras el Senado toma una decisión, y pidió complementar las marchas urbanas con movilizaciones campesinas en las carreteras.

Además, criticó a quienes aseguran que su mensaje fue amenazante, y dijo que “la verdadera amenaza es hacer trizas la paz”.