Una nueva polémica surgió el viernes 2 de mayo entre la serie de controversias que hay entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y la senadora opositora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, luego de que el jefe de Estado entregara a víctimas del conflicto armado en Colombia la hacienda La Bella Cruz en el municipio de La Gloria, en el suroriente del departamento del Cesar.
Según informó durante un evento que lideró en ese emblemático lugar, el antiguo inmueble que estaba allí perteneció a un otrora gamonal de la región que fue procesado por tener vínculos con las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
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Los beneficiaros fueron los integrantes de la Asociación de Campesinos Desplazados al Retorno (Asocadar), que desde hace cuatro décadas estaban esperando que les regresaran ese predio, según señala un comunicado de la Presidencia de la República.
“Estoy en la Hacienda Bella Cruz, donde masacró decenas de campesinos el narcoparamilitatismo guiado por la familia de Carlos Arturo Marulanda, exembajador de Colombia ante la Unión Europea. Lo conocí en Bélgica y vi su soberbia corrupta sanguinaria. Hoy entrego la hacienda Bella Cruz de 2.000 hectáreas al campesinado del Cesar [sic]”, publicó Petro en su cuenta oficial de la red social X.
En la misiva de la Presidencia recordaron que en 1996 las extintas AUC despojaron “a sangre y fuego” esas tierras que, aseguraron, que pertenecían a labradores locales.
“Muchos se desplazaron hacia las grandes ciudades de Colombia y nunca regresaron; otros partieron hacia Venezuela. Sin embargo, jamás perdieron la fe ni la esperanza de que algún día volverían a vivir donde nacieron. Por eso, agradecen al Gobierno del Cambio por brindarles esa oportunidad con la entrega de 1.910 hectáreas”, señalaron.
El presidente Petro insistió en que se trató de un hecho violento la salida de estas personas de la hacienda que alguna vez le perteneció a Marulanda, que está en el exilio desde 2002, tras ser procesado por sus nexos con los ‘paras‘.
La versión de María Fernanda Cabal
Para la senadora uribista María Fernanda Cabal el presidente nuevamente estaba mintiendo, porque esa hacienda no pertenece al señalado ‘parapolítico’, y, además, se estaba legalizando una ocupación ilegal de predios.
“Petro: una vez más, usted manipula la historia agraria para justificar invasiones. Vamos a desmontar, punto por punto, su relato distorsionado sobre la Hacienda Bellacruz. #Bellacruzhistoriainédita [sic]”, señaló en su cuenta de X.
Según Cabal, por ese predio hay un litigio que sigue en curso, ya que como su dueño figura una empresa que no está implicada en contubernios con algún grupo armado organizado.
“Falso. No ha habido entrega alguna. Lo que hay es un proceso judicial en curso promovido por quienes invadieron la propiedad, sin que exista sentencia. Dice que la hacienda es del parapolítico Carlos Arturo Marulanda. Falso. La propiedad está registrada a nombre de la sociedad MR INVERSIONES S.A.S. desde hace años. Manipular la propiedad privada es irresponsable y peligroso [sic]”, aseguró la también precandidata presidencial del Centro Democrático.
Adicionalmente, Cabal sostuvo que en esos terrenos solo ocurrió un hecho de violencia que perpetraron guerrilleros, y no grupos contrainsurgentes, como aseveró el mandatario.
“Lo más grave: usted habla de “masacres a campesinos”. Falso. La única masacre documentada en Bellacruz ocurrió el 24 de agosto de 1994, y fue cometida por el ELN. ¿Se le olvidó mencionarlo? Esa masacre, ejecutada por el Frente Camilo Torres del ELN —liderado entonces por curas de la teología de la liberación— dejó 4 personas asesinadas, entre ellas la administradora. Fueron desplazadas familias completas. Saquearon, destruyeron, dinamitaron. ¿Eso no cuenta? [sic]”, afirmó.
Finalmente señaló que ese predio ha sido objeto de un despojo planeado por supuestos grupos de personas que se dedican a esa actividad ilícita.
“Cayó en manos de invasores organizados, llegados en buses desde otros municipios. ¿A eso le llama usted reforma agraria? Este caso es un claro ejemplo de despojo armado, conforme al artículo 3 y 75 de la Ley 1448 de 2011. Los accionistas de la sociedad propietaria son víctimas por qué fueron despojados por la violencia del ELN. No quienes usurparon con apoyo político. #RestituciónNoInvasión [sic]”, insistió.
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