Un total de 159 personas fueron capturadas como resultado de la operación Júpiter, una ofensiva nacional liderada por el Gaula (Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal) de la Policía Nacional en colaboración con las Fuerzas Militares y la Fiscalía General de la Nación, informaron las autoridades colombianas la mañana del sábado 3 de mayo de 2025.
Las detenciones se llevaron a cabo en Bogotá (Cundinamarca), Barranquilla (Atlántico), Cali (Valle del Cauca), Medellín (Antioquia) y Huila, Tolima, Caldas, Guajira, Bolívar Antioquia, Meta y Cauca, dirigidas contra organizaciones criminales dedicadas al secuestro y la extorsión.
Entre los capturados, 124 fueron arrestados por extorsión, 32 por secuestro y tres por otros delitos. Del total de arrestados, 18 fueron del Clan del Golfo, uno de los grupos armados ilegales que mayor presencia tiene a lo largo y ancho del territorio nacional.
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De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, la operación afectó al Clan del Golfo, grupos armados residuales de las Farc, el ELN, y otras organizaciones como Renacer Erpac, Los Pachencas, Los Costeños y Los Mayas.
Durante los operativos, se incautaron 16 armas de fuego, 7 proveedores, 260 cartuchos de diferentes calibres, 4 granadas, 14 motocicletas, un vehículo y 140 equipos de comunicación, explicó el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director del Gaula de la Policía Nacional de Colombia.
Las capturas del Clan del Golfo: alias XL fue uno de los que cayó
Las autoridades lograron un golpe significativo contra el Clan del Golfo, con la captura de 18 presuntos integrantes de esta organización. Estas personas estarían involucradas en delitos como secuestros, extorsiones, homicidios, desplazamiento forzado, tráfico de armas y narcotráfico.
Uno de los operativos más destacados tuvo lugar en el municipio de San Juan del Cesar, en el departamento de La Guajira. Allí fueron detenidas cuatro presuntos miembros de la subestructura Francisco José Morelo Peñate (Clan del Golfo).
Entre ellos se encontraba alias XL, señalado como el segundo cabecilla de la organización en la región y responsable de coordinar el cobro de extorsiones a propietarios de fincas, ganaderos, bananeros, transportadores y otros sectores de la comunidad. Las víctimas eran obligadas a pagar sumas que oscilaban entre 2 y 500 millones de pesos para evitar ser declaradas objetivos militares.
En el mismo operativo fueron capturados alias El Negrito, encargado del reclutamiento de nuevos integrantes; alias Zambrano, que recolectaba el dinero producto de las actividades ilícitas; y alias El Viejo, que oficiaba como un transportador informal y además era el responsable de movilizar a los miembros del grupo para evadir los controles de las autoridades.
Durante estas detenciones, se incautaron dos granadas, cargadores para fusil, municiones y dos teléfonos móviles que habrían sido utilizados para coordinar las actividades ilegales.
En Antioquia el Clan del Golfo obligaba a sus víctimas abandonar las casas si no pagaban
En el departamento de Antioquia (noroccidente de Colombia), las acciones se concentraron en Medellín y municipios como Bello, Rionegro, Cañasgordas y Segovia, donde fueron capturados 10 presuntos integrantes de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle (Clan del Golfo).
Según la investigación, estas personas extorsionaban a mineros, comerciantes, ganaderos, agricultores y estaciones de servicio, exigiendo pagos que rondaban entre 1 y 10 millones de pesos bajo amenazas de atentar contra sus vidas.
Además, las autoridades señalaron que, en casos donde las víctimas no podían pagar, eran obligadas a abandonar sus propiedades, que luego eran tomadas por los delincuentes. En otros casos, las víctimas eran forzadas a realizar trabajos en la infraestructura vial de los municipios.
La investigación, que se extendió durante varios meses, permitió establecer que esta estructura criminal obtenía ingresos mensuales que podía ir desde los 80 hasta los 100 millones de pesos gracias a sus actividades ilícitas.
Las autoridades destacaron que estas acciones forman parte de una estrategia nacional para combatir el crimen organizado y proteger a las comunidades afectadas por estas organizaciones.
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