Ante las amenazas del Grupo Armado Organizado ELN y su anunciado paro armado, las Fuerzas Militares de Colombia han desplegado más de 3.600 efectivos en el departamento del Chocó, con especial atención en la subregión del Baudó.
Esta operación tiene como objetivo principal garantizar la seguridad de la población civil y contrarrestar las acciones violentas del grupo insurgente, que busca imponer restricciones en la zona.
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El despliegue militar incluye unidades de la Séptima División del Ejército Nacional, la Fuerza Naval del Pacífico y el Comando Aéreo de Combate No. 5, según detallaron las autoridades.
Estas fuerzas están trabajando para proteger a las comunidades ribereñas y asegurar la libre movilidad en el territorio, que se ha visto afectada por las intimidaciones del ELN en el departamento.
En este contexto, el almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares, afirmó que las acciones del grupo armado son una muestra de su debilidad frente a la ofensiva sostenida de las fuerzas del Estado.
Además, responsabilizó directamente al ELN de cualquier alteración del orden público o daño a la seguridad de los habitantes del departamento, de acuerdo con El Tiempo.
Las acciones por parte de la Gobernación del Chocó
La secretaria del Interior del Chocó, Jenny Rivas, expresó su preocupación por el impacto de estas acciones en la población civil, destacando que las comunidades afectadas no tienen relación alguna con los conflictos armados que se desarrollan en la región.
“Estas cifras son alarmantes porque es un número grande de población que tendríamos en medio de un conflicto donde ellos no tienen absolutamente nada que ver”, afirmó Rivas.
Además, señaló que estas medidas ilegales vulneran los derechos fundamentales de los habitantes y limitan su acceso a servicios básicos, generando un clima de impotencia y desesperación.
El ELN justificó el paro armado como una respuesta a las supuestas invasiones de los grupos paramilitares en la subregión del Baudó.
Según el comunicado, los paramilitares han cometido una serie de abusos contra las comunidades locales, incluyendo agresiones físicas, amenazas, intimidaciones, hurto de bienes comunitarios, consumo de sustancias ilícitas, disparos indiscriminados y abuso a menores de edad.
Estas acciones, según el grupo guerrillero, han generado un clima de inseguridad y vulneración de los derechos humanos en la región.
La situación se agrava con el antecedente de un enfrentamiento ocurrido el pasado 29 de abril en el municipio de Pie de Pato, Alto Baudó, donde el ELN emboscó una lancha presuntamente perteneciente al Clan del Golfo, resultando en la muerte de tres personas y tres heridos.
Este episodio se suma a una serie de hechos recientes que han incrementado la tensión en el Chocó, como el secuestro de Arnold Alexander Rincón, director de la Corporación para el Desarrollo del Chocó (Codechocó), ocurrido el 26 de abril.
Un llamado de atención por parte de la Defensoría del Pueblo
La Defensoría del Pueblo ha hecho un llamado urgente a los Gobiernos nacional, departamental y local para que coordinen acciones efectivas que garanticen la protección de la población civil en riesgo.
En un comunicado, la entidad subrayó la necesidad de una respuesta interinstitucional que permita atender de manera inmediata las necesidades de las comunidades afectadas.
Este es el segundo paro armado que se registra en el Chocó en lo que va de 2025. Según cifras proporcionadas por la secretaria Rivas, estas medidas han perjudicado a unas 100.000 personas en el departamento.
El ELN ya había decretado un paro armado en febrero de este año, que se extendió del 18 al 21 de ese mes.
En aquella ocasión, las restricciones a la movilidad y las acciones violentas generaron graves afectaciones en la región, incluyendo confinamientos masivos y pérdidas económicas significativas.
Según reportes previos, el impacto de estas medidas ha dejado a miles de personas en condiciones de vulnerabilidad, exacerbando la crisis humanitaria en el Chocó.
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