La Fiscalía General de la Nación ha solicitado al Juzgado 51 Penal de Conocimiento de Bogotá la preclusión de la investigación que se adelantaba contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por el presunto delito de acceso abusivo a un sistema informático.
Según informó El Tiempo, el ente acusador argumenta que no existen pruebas que vinculen al exmandatario con las interceptaciones ilegales realizadas a los delegados del gobierno de Juan Manuel Santos durante las negociaciones de paz con las Farc en La Habana, Cuba.
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El caso tiene su origen en el año 2014, en el contexto de la campaña presidencial en la que Óscar Iván Zuluaga, candidato respaldado por el uribismo, se enfrentó a Santos.
“Solicito la preclusión parcial de la investigación por imposibilidad de continuar con el ejercicio de la acción penal en tanto acaeció el fenómeno jurídico de la prescripción a favor del doctor Álvaro Uribe Vélez respecto de uno de los cuatro delitos que se investigaban”, se afirmó por el juez durante la audiencia
El Juzgado 51 Penal de Conocimiento de Bogotá rechazó la solicitud de preclusión presentada por la Fiscalía en el caso que involucra al expresidente Álvaro Uribe Vélez por su presunta relación con el escándalo del hacker Andrés Sepúlveda.
La Fiscalía argumentó que no existen pruebas que vinculen directamente a Uribe con estos hechos, pero el tribunal decidió no cerrar el caso.
Este último aseguró haber infiltrado comunicaciones relacionadas con el proceso de paz. Tanto Zuluaga como su hijo David fueron investigados, aunque posteriormente quedaron fuera del caso.
Según el expediente, Sepúlveda habría sido contratado por la campaña de Zuluaga para realizar tareas de “verificación de integridad en Internet”, pero también se le habría solicitado obtener información reservada sobre el proceso de paz y datos de inteligencia militar.
“Sepúlveda sugirió que esa información fue conocida, direccionada y finalmente publicada por el doctor Álvaro Uribe Vélez en redes sociales”, se mencionó en su momento por el Fiscal.
Durante la audiencia, el fiscal del caso solicitó la preclusión parcial de la investigación, argumentando que uno de los cuatro delitos imputados a Uribe, el de concierto para delinquir, había prescrito.
Según el fiscal, los hechos investigados ocurrieron entre enero y mayo de 2014, periodo en el que Uribe no ocupaba ningún cargo público.
Además, se destacó que su actividad política se reactivó únicamente cuando asumió como senador el 20 de julio de 2014, cargo al que posteriormente renunció de manera irrevocable.
El caso cobró relevancia tras una entrevista concedida por Sepúlveda a la revista Semana, en la que afirmó haber entregado información reservada a la campaña de Zuluaga.
Según el fiscal, Sepúlveda sugirió que esta información fue conocida, direccionada y publicada por Uribe en redes sociales.
Entre los datos recolectados por Sepúlveda se incluían presuntamente correos electrónicos del presidente, información de bases militares, archivos confidenciales de las Farc y documentos de agencias del Estado como la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
A pesar de las declaraciones de Sepúlveda, la Fiscalía concluyó que el delito de concierto para delinquir había prescrito.
Sin embargo, el delegado de la Procuraduría respaldó la solicitud de preclusión, señalando que no había elementos suficientes para continuar con la acción penal. “No hay otro camino distinto al de acceder a la petición de la señora fiscal”, afirmó el representante del Ministerio Público.
Por su parte, el expresidente Uribe renunció a su derecho a la prescripción del delito de concierto para delinquir, asegurando que nunca tuvo participación en los hechos investigados. “Está probado que yo me enteré de esos temas cuando aparecieron por los medios de comunicación”, declaró Uribe durante la audiencia.
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