Las declaraciones de Eduardo Dávila Armenta, máximo accionista del Unión Magdalena, generaron una ola de rechazo en el país, luego de que, en una entrevista con el portal La Pesada del Deporte, expresara su rechazo frontal al fútbol femenino.
“Mientras yo esté manejando esto, no”, respondió cuando se le preguntó si el club samario volvería a tener equipo en la Liga Femenina. El empresario fue más allá y añadió: “Yo no estoy de acuerdo con el fútbol femenino. Ese no es un deporte para mujeres. Que vayan a jugar tenis, que vayan a jugar voleibol, dominó, pero fútbol no”.
Las palabras provocaron una fuerte reacción en redes sociales, colectivos feministas, periodistas deportivos y sectores del fútbol profesional, que no solo cuestionaron su postura sexista, también el hecho de que un hombre con graves antecedentes judiciales siga vinculado al manejo de un club profesional. Aunque Dávila no figura oficialmente como presidente del equipo ante la Dimayor —el cargo lo ocupa Alberto Mario Garzón Wilches—, sí es reconocido como el principal accionista del Unión Magdalena.
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Más allá de la polémica por sus declaraciones, la figura de Dávila Armenta ha estado marcada por condenas judiciales. En 2012, fue sentenciado a 34 años de prisión por el homicidio de su primera esposa, Carmen Vergara Diazgranados. Además, fue condenado por narcotráfico a 10 años de cárcel. Sin embargo, pese a estas sentencias, actualmente se encuentra en libertad condicional, gracias a una serie de beneficios judiciales obtenidos en los últimos años.
Según información por Blu Radio, en 2013 el Tribunal Superior de Medellín le redujo su condena por homicidio de 34 a 25 años. Posteriormente, en 2016, sus dos condenas fueron acumuladas en una sola sentencia, fijada finalmente en 27 años. A finales de 2024, su defensa solicitó la libertad condicional, argumentando que Dávila había cumplido más de tres quintas partes de la pena, incluyendo tiempo de detención en casa, trabajo social y actividades académicas. Esto le permitió quedar en libertad tras haber cumplido apenas 13 años de reclusión.
Por su parte, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), que representa a los jugadores y jugadoras del país, calificó sus afirmaciones como “discriminatorias y misóginas”, al considerar que constituyen un ataque directo contra la dignidad y el reconocimiento del fútbol femenino colombiano.
En un comunicado público, Acolfutpro recordó que las mujeres futbolistas alcanzaron logros significativos tanto en la liga local como en torneos internacionales y clubes europeos, por lo que su labor merece respeto, respaldo institucional y garantías de igualdad. “El fútbol femenino es una realidad y debe ser valorado con respeto y equidad”, afirmó la asociación.
El documento también advirtió que ya existen antecedentes judiciales frente a declaraciones similares en el pasado. Citaron como ejemplo la Sentencia T-212 de 2021, proferida por la Corte Constitucional, que obligó a Gabriel Camargo, directivo del Deportes Tolima, a retractarse públicamente por comentarios discriminatorios hacia las futbolistas. En esa ocasión, el alto tribunal consideró que sus palabras violaban los derechos fundamentales a la igualdad y la dignidad de las deportistas.
Además, Acolfutpro recordó que en 2023 la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abrió una investigación contra la Dimayor, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y 29 clubes por presunta cartelización para restringir el desarrollo de la liga femenina. Según el ente regulador, se habrían coordinado prácticas empresariales que impidieron el avance competitivo y profesional de las mujeres en el fútbol colombiano.
El regreso de Dávila a la escena pública, con declaraciones que fueron catalogadas como misóginas, reaviva el debate sobre el acceso a beneficios judiciales en casos de crímenes graves y sobre la presencia de personas con antecedentes penales en la dirigencia del fútbol profesional. Por ahora, ni la Dimayor ni el Unión Magdalena emitieron pronunciamientos oficiales frente al tema.
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