Denuncian presunta corrupción en licitación de casi $1 billón para el servicio de alimentación en cárceles de Colombia

Una denuncia de presunta concusión relacionada con un proceso licitatorio por casi $1 billón de pesos, ha sido trasladada a la Secretaría de Transparencia, según un oficio recibido por esta entidad el 28 de abril de 2025.

La denuncia fue formulada por la Veeduría Alimentación Uspec, que señala a una funcionaria de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios como posible responsable de actos de corrupción dentro de este proceso.

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El documento detalla que la denuncia fue puesta en conocimiento de la entidad a través de la Oficina de Control Interno del Uspec, que, según se indica, es responsable de investigar y gestionar posibles irregularidades en los procesos internos de la entidad.

La veeduría acusó a una coordinadora del Grupo Precontractual de la Dirección de Gestión Contractual de estar involucrada en un acto de concusión relacionado con la licitación mencionada.

Como respuesta, el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, recomendó una serie de medidas preventivas para garantizar que el proceso licitatorio no continúe mientras se investigan los hechos denunciados.

En primer lugar, solicitó que la Uspec ordenara la suspensión de la adjudicación del contrato hasta verificar la posible ocurrencia de los hechos denunciados. Además, en caso de que ya se hubiera adjudicado el contrato, solicitó que se suspendiera la firma del mismo hasta que se clarifique la situación, y también recomendó que la funcionaria denunciada sea separada temporalmente de su cargo mientras se adelanta la investigación.

A la Fiscalía General de la Nación, a través de su Dirección Especializada contra la Corrupción, se le recomendó adelantar una investigación exhaustiva con el fin de determinar si efectivamente ocurrió una concusión. Asimismo, se solicitó la intervención de la Procuraduría General de la Nación, que, en su rol preventivo, debe evaluar la legalidad del proceso licitatorio y tomar medidas disciplinarias si se confirma la ocurrencia de los hechos.

Por su parte, la Contraloría General de la República fue encargada de ejercer un control preventivo y concomitante sobre el proceso, dada la alta cuantía de la contratación y los derechos fundamentales involucrados.

La denuncia ocurre en un contexto complejo en el que el servicio de alimentación para las personas privadas de la libertad, en particular en la cárcel El Buen Pastor, ha sido objeto de serias críticas.

Desde noviembre de 2024, las internas de este establecimiento han denunciado deficiencias graves en el servicio de alimentación, incluyendo la insuficiencia de las raciones, la mala calidad de los alimentos y las condiciones higiénicas deficientes en la preparación de los mismos. Según las reclusas, estas falencias han tenido un impacto directo en su salud y han aumentado la tensión dentro del penal.

En respuesta a estas denuncias, las internas realizaron en mayo de 2024 una huelga de hambre para exigir mejoras en el servicio. Sin embargo, las soluciones propuestas en ese momento no lograron resolver el problema, lo que intensificó el descontento dentro de la cárcel.

En enero de 2025, la Uspec, a través de un comunicado, aseguró que se comprometía a solucionar las fallas identificadas, tras una visita de la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, junto con representantes del Inpec y de la misma Uspec.

Entre las medidas que planteó la entidad se destacan la implementación de visitas periódicas al penal, sanciones al operador del servicio de alimentación y la creación de una mesa de seguimiento conformada por diferentes actores del sistema penitenciario. Esta mesa tiene como objetivo garantizar que el servicio de alimentación sea adecuado y cumpla con los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.

Además, la Uspec se comprometió a seguir monitoreando de manera rigurosa todos los servicios bajo su responsabilidad, con el fin de mejorar las condiciones en el sistema penitenciario.