La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia confirmó una decisión que representa un giro determinante en el caso de corrupción que sacude a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
En una resolución reciente, el alto tribunal dejó en firme las pruebas recolectadas por la Fiscalía General de la Nación contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), involucrado en el escándalo por el presunto pago de sobornos a altos funcionarios del Congreso.
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Con esta decisión, la Corte Suprema negó la apelación interpuesta por la defensa de González, que buscaba anular el material probatorio obtenido en su contra, y respaldó así lo actuado por el Tribunal Superior de Bogotá, que previamente había avalado la legalidad de los hallazgos de la Fiscalía.
Las pruebas ratificadas incluyen registros detallados de comunicaciones, rastreos financieros, migratorios, digitales y geográficos, así como documentos tributarios del exfuncionario. Pero uno de los elementos más contundentes, y ahora plenamente validados, son las grabaciones de las cámaras de seguridad del Palacio de Nariño, que podrían confirmar las reuniones entre González, la exconsejera presidencial Sandra Ortiz y el exdirector de la Ungrd, Olmedo López.
Imágenes clave de la Casa de Nariño
Durante una audiencia celebrada el pasado 1 de mayo, la Fiscalía presentó un nuevo paquete de pruebas, legalizado ante el Tribunal Superior de Bogotá, que incluye grabaciones de al menos 16 cámaras de seguridad ubicadas en distintas áreas del Palacio presidencial.
Según pudo conocer Blu Radio, estos videos corresponden al periodo comprendido entre el 10 de septiembre y el 11 de diciembre de 2023, y fueron obtenidos en respuesta a un requerimiento de la fiscal novena delegada ante la Corte.
El objetivo de esta solicitud era confirmar los encuentros entre los tres exfuncionarios en la sede del Ejecutivo, los cuales, según el testimonio de Olmedo López, sirvieron para negociar la entrega de millonarios sobornos a congresistas con el fin de viabilizar las reformas del Gobierno de Gustavo Petro.
“El requerimiento realizado (...) tiene como objetivo corroborar los encuentros que, según Olmedo López, habrían tenido lugar en la Casa de Nariño con Sandra Ortiz y Carlos Ramón González, en los que presuntamente se pactó la entrega de 3.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado, Iván Name”, señala el informe revelado por el medio ya citado.
Entre los espacios grabados figuran el Salón del Consejo de Ministros, el Hall Monja, el Salón Gobelino, el Salón Virreinal y la jefatura del despacho del Dapre. No obstante, en las cámaras denominadas “Escaleras Presidente” y “Despacho Presidente 2” se detectaron inconsistencias en la duración de los registros. La Presidencia atribuyó los problemas técnicos al sistema de seguridad “Securos” y entregó un concepto técnico que respalda la explicación.
Sobornos, contratos frustrados y tráfico de influencias
De acuerdo con la Fiscalía, el esquema de corrupción giró en torno a contratos adjudicados desde la Ungrd, cuyo propósito habría sido ganar el apoyo político necesario para sacar adelante las reformas del Ejecutivo. Cuando los contratos no se concretaron, se habría optado por la entrega directa de dinero en efectivo.
“Habría instruido a Olmedo de Jesús López Martínez, director de la Ungrd, para obtener contratos en favor de los congresistas Iván Leónidas Name Vázquez y Andrés David Calle Aguas. Al no concretarse dichos contratos, se habría optado por la entrega de dinero en efectivo: $3.000 millones para Name Vázquez y $1.000 millones para Calle Aguas”, es la acusación formal de la Fiscalía contra González.
Por estos hechos, el exdirector del Dapre es investigado por el presunto delito de tráfico de influencias a servidor público. Además de los videos, el ente investigador tiene en su poder más de 20 archivos PDF y cuatro archivos en Excel con las declaraciones de renta de González, así como otros informes fiscales y contables que, según los fiscales, refuerzan la hipótesis de que hubo pagos ilícitos a congresistas.
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