
En un año marcado por múltiples tensiones políticas, la Misión de Observación Electoral (MOE) hizo un llamado urgente a analizar con detenimiento los efectos que podría tener la convergencia de tres elementos en el panorama electoral colombiano, la propuesta de consulta popular del Gobierno, el preocupante avance del transfuguismo en el Congreso y el escenario de violencia en amplias zonas del país.
Alejandra Barrios, directora de la MOE, expresó en entrevista con Valora Analitik que los desafíos son múltiples y complejos. Uno de los puntos centrales de su advertencia gira en torno a la posibilidad de que el país entre en un proceso electoral con una consulta popular de por medio, algo que —según señaló— tendría implicaciones profundas sobre la equidad, la organización y la imparcialidad que deben regir cualquier votación.
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“No es lo mismo un escenario con consulta popular que uno sin ella. Y tampoco es lo mismo realizar una consulta popular en un año preelectoral, como el actual, que haberla hecho el año pasado o incluso durante el primer semestre de este año”, afirmó.
A diferencia de otras democracias donde los procesos electorales están bajo la órbita de entes autónomos, en Colombia el Ministerio del Interior tiene un rol preponderante. Esta concentración de funciones podría resultar problemática si se solapan las responsabilidades institucionales con los intereses del Gobierno frente a la consulta. “¿Cómo va a manejar el ministro del Interior —en ese momento— los posibles conflictos que le generaría estar vinculado directamente a una consulta popular legítima, aprobada por el Senado, y al mismo tiempo tener que garantizar condiciones de equidad para todos los actores políticos?”, cuestionó Barrios.
Este potencial cruce de agendas, advierte la MOE, pone en riesgo la legitimidad del proceso, especialmente cuando el ministerio también está encargado de convocar y liderar las comisiones nacionales de seguimiento electoral, espacios en los que se definen reglas fundamentales y participan todos los partidos, tanto de Gobierno como de oposición e independientes.

Pero la consulta no es la única fuente de inquietud. Desde la MOE también se observa con preocupación la discusión en curso sobre el transfuguismo. Según Barrios, esta figura podría desarticular lo poco que queda del ya frágil sistema de partidos en Colombia. “Este proyecto permitiría que los congresistas se cambien de partido cada cuatro años, llevándose su curul, lo cual podría destrozar el sistema de partidos en Colombia”, advirtió, señalando que esta puerta abierta a la movilidad parlamentaria rompería con cualquier noción de lealtad ideológica o representatividad.
Aunque colectividades como el Partido Conservador y el Partido de la U ya anticiparon que no respaldarán la iniciativa, el riesgo de su aprobación persiste. De materializarse, para las elecciones de 2026 se podría consolidar un modelo en el que los partidos negocien individualmente con cada legislador y, luego, en las contiendas regionales, también con concejales y diputados, agudizando la fragmentación institucional.
A este panorama incierto se suma un tercer elemento crítico, la seguridad. En palabras de Barrios, “Colombia sabe hacer elecciones, pero eso no garantiza que sean completamente libres”. La falta de garantías para el proselitismo electoral en regiones con presencia de grupos armados ilegales podría derivar en un proceso altamente condicionado por el miedo, la coacción y la imposibilidad de participación plena para algunos sectores políticos.

Finalmente, desde la MOE se hace un llamado al Consejo Nacional Electoral para que actualice con urgencia la plataforma Cuentas Claras, esencial para el seguimiento del financiamiento electoral, particularmente si la consulta popular avanza. “Esto no puede esperar, especialmente si la consulta popular se aprueba en un mes. Los diferentes actores tendrán que inscribirse y hacer campaña por el ‘sí’, por el ‘no’ o por la abstención, y es fundamental que el sistema permita hacer un seguimiento transparente de los recursos”, enfatizó.
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