El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, advirtió que la reciente ola de violencia armada en Colombia, impulsada por el llamado plan pistola del Clan del Golfo y las disidencias de las Farc, ha generado un impacto significativo en las labores de justicia transicional y en la búsqueda de desaparecidos.
Estos ataques han dejado un saldo de 27 policías y militares asesinados en diversas regiones del país, lo que llevó al magistrado a realizar un llamado urgente para “repensar la paz” en el país.
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“Hay que repensar la paz en Colombia, que efectivamente ese ciclo de violencia que no se pudo cerrar, infortunadamente con el acuerdo de 2016, hay que cerrarlo de alguna manera porque quien está sufriendo es la población civil y efectivamente, si no hay una adecuada garantía de seguridad en esos territorios para la población frente a ese tipo de ataques, pues se van reproduciendo”, dijo el magistrado de la JEP en entrevista con La FM se RCN.
Así mismo, Alejandro Ramelli señaló que estos homicidios constituyen graves violaciones a los derechos humanos y son considerados crímenes de guerra bajo el derecho internacional.
Explicó que las víctimas de estos ataques, en su mayoría miembros de la fuerza pública, se encontraban fuera de servicio o en condiciones de indefensión, lo que agrava la naturaleza de los delitos.
“Desde el punto de vista jurídico, este tipo de delitos son crímenes de guerra, porque se cometen contra personas que están fuera del servicio. Son violaciones muy graves al derecho internacional humanitario y, por tanto, no son amnistiables”, afirmó el magistrado.
El presidente de la JEP también destacó que la violencia armada no solo afecta a las víctimas directas, sino que tiene repercusiones profundas en el trabajo de la jurisdicción. Según explicó, las alteraciones del orden público han dificultado el acceso a zonas donde se llevan a cabo labores esenciales, como la búsqueda de restos de desaparecidos y la implementación de sanciones propias para los comparecientes.
“Esas alteraciones dificultan nuestras labores para llegar a zonas específicas, por ejemplo, en temas de búsqueda de desaparecidos. También complican la ejecución de sanciones en terreno”, indicó Ramelli.
La JEP, que opera como una jurisdicción itinerante, depende de la posibilidad de desplazarse a las regiones más afectadas por el conflicto armado para cumplir con su mandato. Sin embargo, Ramelli advirtió que en varias zonas del país no existen garantías de seguridad suficientes para que los equipos de la jurisdicción puedan realizar su trabajo.
“Tenemos un sistema de monitoreo constante y hay regiones donde se nos dice claramente: ‘No pueden ir a determinada zona porque no hay garantías de seguridad’. Eso, evidentemente, afecta nuestra labor judicial”, explicó.
El magistrado subrayó que la falta de seguridad en los territorios no solo limita el acceso de la JEP, sino que impide que las víctimas del conflicto armado puedan ser escuchadas y que los responsables rindan cuentas en las zonas más golpeadas por la violencia.
En este contexto, Ramelli insistió en la necesidad de reforzar la presencia institucional en las regiones históricamente olvidadas, donde los actores ilegales continúan ejerciendo control territorial.
El llamado del presidente de la JEP se produce en un momento crítico para el proceso de paz en Colombia, que enfrenta serios desafíos debido al resurgimiento de formas de violencia como el “plan pistola”.
El presidente de la JEP reiteró que, aunque la entidad está comprometida con avanzar en su mandato, el proceso de justicia transicional no puede desarrollarse plenamente sin un entorno seguro que facilite el acceso a los territorios.
En este sentido, instó al Estado colombiano a tomar medidas urgentes para garantizar la seguridad en las zonas más afectadas por el conflicto y a mantener el enfoque de justicia restaurativa, adaptándose a las condiciones actuales.
“Debemos cerrar ese ciclo de violencia pendiente. La paz no puede darse por sentada, hay que construirla todos los días”, concluyó Ramelli en su entrevista con La FM.
La situación actual refleja los retos persistentes en la implementación del proceso de paz en Colombia, donde múltiples actores armados continúan desafiando la estabilidad y la seguridad en varias regiones del país.
El llamado del presidente de la JEP busca generar conciencia sobre la necesidad de fortalecer las garantías de seguridad y avanzar en la construcción de una paz sostenible, en beneficio de las comunidades más vulnerables y de las víctimas del conflicto armado.
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