
Con una fuerte crítica a la política de Paz Total del Gobierno del presidente Gustavo Petro, la exministra de Defensa y exvicepresidenta de la República Marta Lucía Ramírez dejó ver su preocupación el miércoles 30 de abril de 2025 sobre la actual situación de los miembros de la fuerza pública en el país, especialmente en lo que respecta a los recientes ataques que han sufrido por parte de grupos armados ilegales; no solo con el plan pistola, sino con lo sucedido en el Guaviare, en donde murieron siete soldados.
Por ejemplo, el “plan pistola” ha cobrado la vida de al menos 30 uniformados desde que se conoció que estaba en marcha por parte de organizaciones al margen de la ley como el Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc, al mano de alias Iván Mordisco, y ha puesto en alerta a la nación sobre la seguridad de los soldados y policías. Una preocupación en ese sentido de la exvicepresidenta, es que están siendo enviados al campo de batalla sin el respaldo adecuado del Gobierno.
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En un video publicado en su cuenta de X, Ramírez expresó su profunda frustración y acusó a Petro de ser responsable de la creciente vulnerabilidad de los uniformados. En su intervención, la exfuncionaria señaló que las decisiones adoptadas por el mandatario, como la prórroga del Decreto 448 de 2025, que establece un cese unilateral de operaciones durante al menos un mes con algunas de estas estructuras, han dejado desprotegidos a los soldados y policías; haciendo especial mención al caso registrado con Alexander Díaz Mendoza, conocido como alias Calarcá Córdoba, jefe del Estado Mayor de Bloques y Frente (Embf) de las disidencias.
Según la exfuncionaria, este cese -que estaba proyectado hasta el 18 de mayo- no ha sido bilateral, lo que significa que mientras los grupos armados ilegales continúan atacando a las Fuerzas Militares, el Gobierno ha impedido que los uniformados respondan con la misma contundencia.
“La situación actual de nuestra fuerza pública es absolutamente crítica. Mientras los terroristas siguen actuando, los soldados y policías colombianos no pueden responder. Y lo peor de todo es que el gobierno de Gustavo Petro lo permite. El Decreto 448 no es un cese bilateral, es una medida unilateral que ha puesto a nuestros uniformados en una situación de indefensión. Esto es una traición al pueblo colombiano y a los jóvenes que están arriesgando sus vidas para proteger nuestra seguridad”, indicó Ramírez.
“No son máquinas de guerra”, Marta Lucía Ramírez
En sus declaraciones, la exvicepresidenta también señaló lo que considera una grave injusticia por parte del Ejecutivo. “Nuestros soldados y policías no son máquinas de guerra, son seres humanos que tienen derecho a vivir. No podemos permitir que se les condene a una muerte segura a los 18, 19 o 20 años, simplemente por cumplir con su deber. La integridad de nuestros jóvenes no puede ser sacrificada por una estrategia fallida de paz”, expresó con tono firme.
En ese orden de ideas, la exministra y exvicepresidenta, que estuvo en los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque Márquez, también mencionó el hecho de que, a pesar de que el Gobierno ha insistido en el proceso de Paz Total, los grupos armados ilegales siguen operando con total impunidad. Según la exministra, esta situación está causando una creciente pérdida de vidas entre los miembros de la fuerza pública y está alimentando la sensación de abandono por parte del Estado.

Gustavo Petro, en la mira por el “fracaso” de la Paz Total
Es válido precisar que el jefe de Estado, a través de sus redes sociales, defendió las decisiones de su Gobierno en relación con la lucha contra el narcotráfico y la violencia en Colombia, al reiterar el enfoque de su administración hacia la paz, el desarme y la reintegración de los grupos armados ilegales. El presidente, en la jornada del martes 29 de abril, indicó que el gobierno está comprometido con la paz, pero que las acciones de algunos grupos, como el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias, siguen representando un obstáculo para este proceso.
“El Clan del Golfo está claramente vinculado al narcotráfico y ha decidido forjar una alianza con el ELN en territorio venezolano. Esta alianza está afectando la seguridad en diversas regiones del país, como el Catatumbo, donde hemos incautado más de 32 toneladas de cocaína y detenido a varios alcaldes y funcionarios que estaban colaborando con los narcotraficantes. Esto demuestra que el narcotráfico sigue siendo una de las principales fuentes de violencia en Colombia”, afirmó Petro, en la red social X, en la mañana del 30 de abril.

Asimismo, Petro también dijo que, a pesar de los esfuerzos de su gobierno por avanzar hacia la paz, las amenazas de grupos armados continúan afectando a la fuerza pública y a la población civil. “No podemos dejar que la violencia continúe sin freno. Por eso hemos tomado medidas como la sustitución de cultivos en el Catatumbo, que es un paso crucial para desmantelar las estructuras de narcotráfico. Al mismo tiempo, hemos solicitado a la Fiscalía General un equipo especial para tratar jurídicamente a los miembros del Clan del Golfo que decidan desmovilizarse y optar por el camino de la paz”, expresó.
Y en cuanto a las críticas sobre el cese unilateral de operaciones, el jefe de Estado aseguró que su administración ha actuado con responsabilidad y que las negociaciones con grupos armados deben tener en cuenta las garantías de seguridad para la población y las fuerzas del orden. “La paz es un proceso complejo, y sabemos que no podemos permitir que la violencia siga controlando a las regiones. Estamos trabajando en cambiar la administración de los puertos del Caribe, lo cual es clave para reducir la extorsión y el narcotráfico en esa zona”, puntualizó.
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