Harvey Arellano Cerda, exjefe de operaciones de la Seccional de Inteligencia de la Policía Nacional (Sipol) en Bolívar, fue condenado a 36 meses de prisión por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Sincelejo.
Según informó la Fiscalía General de la Nación, el uniformado fue hallado culpable de colaborar con el Clan del Golfo, una de las organizaciones criminales más peligrosas de Colombia, y de violar datos personales agravados al extraer información confidencial de los sistemas de la institución policial.
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De acuerdo con las investigaciones realizadas por unidades especializadas, Arellano Cerda utilizó su posición para acceder sin autorización a los sistemas internos de la Policía Nacional.
La información obtenida era vendida a alias Cuco, un miembro de la subestructura Uldar Cardona Rueda del Clan del Golfo.
Estos datos permitieron a la organización criminal evadir operativos y capturas, además de proteger sus actividades ilícitas y sus finanzas ilegales.
El caso, que fue revelado el 24 de noviembre de 2024, forma parte de un esfuerzo más amplio por parte de las autoridades para desmantelar las redes de apoyo del Clan del Golfo en la región de la Costa Atlántica.
Según el comunicado emitido por la Fiscalía, el uniformado proporcionaba detalles sobre los movimientos y operativos de las fuerzas del orden en el departamento de Bolívar, lo que representaba un grave riesgo para la seguridad de la región y facilitaba las actividades delictivas de la organización.
El fiscal encargado del caso, adscrito a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, presentó cargos contra Arellano Cerda por el delito de violación de datos personales agravado.
Durante el proceso judicial, el acusado aceptó los cargos y se declaró culpable. Como medida cautelar, el juez de control de garantías dictó arresto domiciliario para el exjefe de operaciones de la Sipol.
El fallo judicial destaca cómo Arellano Cerda, en lugar de cumplir con su deber de proteger a la ciudadanía, utilizó su acceso privilegiado a información sensible para beneficiar a una organización criminal.
La Fiscalía General de la Nación subrayó que este tipo de investigaciones son fundamentales para debilitar las estructuras armadas y financieras del Clan del Golfo, que opera en varias regiones del país.
La colaboración de funcionarios públicos con organizaciones criminales no solo compromete la seguridad de las comunidades, sino que socava la confianza en las instituciones encargadas de garantizar el orden y la justicia.
El Clan del Golfo, considerado uno de los grupos criminales más poderosos de Colombia, ha sido objeto de múltiples operativos por parte de las autoridades en los últimos años.
Sin embargo, casos como el de Arellano Cerda evidencian la complejidad de combatir a estas organizaciones, que a menudo cuentan con redes de apoyo dentro de las mismas instituciones encargadas de combatirlas.
La condena de Harvey Arellano Cerda representa un paso importante en los esfuerzos por desarticular las conexiones entre el Clan del Golfo y miembros de las fuerzas de seguridad.
Las autoridades han reiterado su compromiso de continuar investigando y judicializando a quienes, desde posiciones de poder, faciliten las actividades de grupos criminales que amenazan la estabilidad y la seguridad del país.
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Este joven de 19 años estaba incluido en el cartel de los más buscados de la región y era requerido judicialmente por el delito de extorsión agravada. Las autoridades ofrecían hasta 50 millones de pesos colombianos por información que condujera a su captura.
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