La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) advirtió una inminente crisis en el sistema penitenciario y carcelario de Colombia, señalando que la falta de coordinación desde el nivel central del Gobierno nacional y la carencia de capacidades técnicas especializadas están afectando gravemente la prestación de servicios esenciales, como la alimentación en los centros de detención.
Según informó la organización, esta situación no solo vulnera los derechos de las personas privadas de la libertad, sino que también pone en riesgo la seguridad y el orden público en el país.
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De acuerdo con Asocapitales, los problemas estructurales del sistema penitenciario incluyen hacinamiento, deficiencias en la infraestructura y una gestión inadecuada.
Además, desde el organismo alertaron sobre el posible colapso del servicio de alimentación debido al vencimiento de la vigencia de la Ley 2346 de 2024, que otorgaba a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) la responsabilidad de garantizar este servicio.
A través de un comunicado, la asociación destacó que esta situación afecta no solo a las cárceles, sino también a las estaciones de policía, los centros de detención transitoria y las Unidades de Reacción Inmediata (URI).
El comunicado también recalcó que las ciudades capitales han asumido responsabilidades en materia carcelaria en cumplimiento de lo ordenado por la Corte Constitucional, pero enfrentan limitaciones presupuestales que dificultan el cumplimiento de estas obligaciones.
Según Asocapitales, estas dificultades se agravan en contextos marcados por el desplazamiento forzado, la atención a poblaciones vulnerables y la lucha contra el crimen organizado, lo que ha obligado a los gobiernos locales a tomar decisiones presupuestales inaplazables.
Frente a ello, la asociación hizo un llamado urgente al Gobierno nacional, incluyendo al Ministerio de Justicia, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), la Uspec y el Ministerio Público, para que implementen medidas inmediatas que permitan enfrentar esta crisis.
Además, solicitó la intervención de la Corte Constitucional para que emita una decisión que articule a los diferentes niveles de gobierno y garantice los derechos de las personas privadas de la libertad, al tiempo que preserve la seguridad ciudadana y el orden público en los territorios.
Asocapitales enfatizó en que la falta de una respuesta adecuada por parte del Gobierno central ha generado una crisis de seguridad y orden público que afecta tanto a las personas privadas de la libertad como a las comunidades en general. Así las cosas, la organización instó a las autoridades a actuar de manera coordinada y eficaz para evitar un agravamiento de la situación y garantizar el respeto a los derechos humanos en el sistema penitenciario colombiano.
Hacinamiento, una de las grandes problemáticas en las cárceles del país
A finales de abril de 2025, el sistema penitenciario colombiano enfrenta una crisis de hacinamiento. Según el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), coronel Daniel Gutiérrez, la sobrepoblación carcelaria ha aumentado al 27,3%, con más de 103.000 internos frente a una capacidad instalada de aproximadamente 82.000 cupos.
Además de la sobrepoblación en las cárceles, las estaciones de policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI) también presentan niveles críticos de hacinamiento. Actualmente, cerca de 20.000 personas sindicadas permanecen detenidas en estos espacios, que tienen una capacidad limitada y no están diseñados para reclusión prolongada.
La situación se ve agravada por la falta de infraestructura adecuada y personal insuficiente. El Inpec ha implementado estrategias como la construcción de centros de detención transitoria y la habilitación de patios adicionales para sindicados, en colaboración con entidades territoriales. Sin embargo, la crisis persiste, afectando gravemente las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad y los derechos humanos en el país.
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